El 27 de octubre del 2017, hace ya cinco años y medio, fue la última publicación hecha por la página social de la Mesa Ciudadana de Justicia Reynosa, que desde entonces ha mantenido silencio frente a los hechos de inseguridad.
Su presidente César Amílcar López González, el mismo que fue artífice para iniciar el Comité Ciudadano en Seguridad Pública en Reynosa a finales de la década de los 90´s, es ahora quien ejerce una presidencia, censurada para emitir opiniones.
EL MAÑANA solicitó opiniones a varios de sus consejeros integrantes y la respuesta al reportero fue la misma ante dichas peticiones: "No podemos dar declaraciones; por estatutos sólo el presidente puede realizar opiniones".
Es decir, que prevalece hacia el interior de dicho órgano una censura impuesta, en donde los ciudadanos que la integran no tiene derecho a expresarse ni compartir sus opiniones en torno a la inseguridad y hechos de violencia que reclaman una atención e intervención coordinada de los tres órdenes de gobierno.
López González ha dejado claro en declaraciones hechas que las situaciones de riesgo "no afectan" a Reynosa, pues en su mayoría son producto de "exageraciones" a través de las redes sociales y las víctimas colaterales en hechos de violencia, simplemente- en su opinión- "Estaban en el lugar y hora equivocados, pues son cosas que pasan".
El distanciamiento con los ciudadanos quedó más que claro en aquella Carta Pública en abril pasado, en donde 13 organismos empresariales firmaron una solicitud de intervención al Gobierno Federal, y en donde la Mesa Ciudadana de Justicia Reynosa se mantuvo al margen.