La Fiscalía estatal abrió otras dos investigaciones penales más en contra del alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz por los delitos de usurpación de funciones públicas y variación de nombre, sancionados por el Código Penal del Estado hasta con dos años de cárcel cada uno.
El presidente municipal fue acusado los pasados 15 y 17 de abril de este año por un despacho de abogados encabezados por el litigante Lamberto Rocha Obregón, con las que piden al Ministerio Público local "judicializar" la carpeta de investigación y someter a un juez de control los casos.
Sobre el cargo de "usurpación de funciones públicas" denunciado el 17 de abril anterior, los abogados acusadores señalan que a pesar de que Carlos Peña se autonombra Licenciado, no es egresado universitario en México ni tiene cédula profesional ante la Secretaría de Educación Pública ni ningún título universitario en México.
Según el Código Penal de Tamaulipas, en su artículo 259, comete delito "el servidor público que en los actos propios de su cargo atribuya a una persona título o nombre a sabiendas que no le pertenece".
El artículo 262 de la misma Ley señala que comete actos violatorios quien "se atribuya el carácter de profesionista sin tener título legal o ejerza los actos propios de la profesión".
El artículo 260 del mismo CPT establece como sanción de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 90 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)".
Recientemente, Carlos Peña promocionó a través de propaganda y espectaculares la lectura de su Segundo Informe de Gobierno efectuado el miércoles 6 de septiembre de este año, anteponiéndo en su nombre en el título de Lic (diminutivo de Licenciado), cuando no es egresado de ninguna universidad mexicana.
En lo que respecta al delito de "variación de nombre", el alcalde fue acusado de mantener varios registros de nombre sin que se sepa realmente cuál es el original y válido para firmar documentos o para ser registrado como candidato y/o alcalde.
En algunos documentos registrados se diferencian al menos dos nombres, uno es Carlos Víctor Peña y el otro es Carlos Victor Peña Ortíz, inscritos en documentos oficiales, según denunciaron los abogados ante la Fiscalía Estatal.
El artículo 5 de la Ley de Ley de Procedimientos Administrativos del Estado señala que son "elementos y requisitos del acto administrátivo":
"(Fracción VII) ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión" y "(fracción IX) ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documento o nombre completo de las personas".
Los abogados acusadores consideraron que de no cumplirse las anteriores normas serían "nulos" todos los actos oficiales realizados por el edil desde el inicio de su mandato y anteriormente cuando son de carácter público.
Carlos Peña ha usado distintos nombres en variados eventos y documentación que tiene que ver con su actividad pública.
Hasta ahora el Ministerio Público no ha informado sobre la etapa de investigación que aguardan las acusaciones.
Los funcionarios que podrian ser llamados a declarar por el Ministerio Público son la primera síndico, María Luisa Tavarez Saldaña; el segundo síndico, Marco Montalvo Hernández; la secretaria de Servicios Administrativos, Zulema González Beas junto con el secretario del Ayuntamiento, Antonio de León Villarreal y el contralor municipal, Miguel Muñiz Segovia al igual que el comisario de la Comapa, Juan Carlos Cantú.
Todos ellos con el fin de que confirmen o nieguen tanto el nombre verdadero del alcalde, su nacionalidad y su título universitario.