El Mañana / Staff.- No sólo el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del Estado ha mantenido inamovible del primer lugar a Reynosa en el ranking como principal generador de denuncias por violencia familiar, con un 23 por ciento de las 32 mil quejas generadas hasta marzo pasado; también registra un alza del 108 por ciento en casos de violación y delitos sexuales, según el reporte del Organismo No Gubernamental “Semáforo Delictivo”.
DATOSLas estadísticas oficiales y aquellas que se manejan con reserva y ánimo de matizar la gravedad de esta violencia son devastadoras. Tan sólo en comparación con la media nacional, Reynosa registra un incremento del 35 por ciento.
Lo mismo ocurre con la incidencia de la violencia familiar, con un 57 por ciento más en comparación con el año 2022.
- Esta agresividad no la detonó la emergencia sanitaria por Covid-19, ésta ya estaba ahí, invisible, pero latente, y germinando de forma exponencial, como ahora ocurre.
Para la presidenta de la Comision de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), Olivia Lemus, la violencia física y sexual en contra de mujeres es preocupante, admitiendo que hay una escalada de casos y denuncias.
Tan sólo en Reynosa se han documentado ocho feminicidios en lo que va del 2023.
Estrategias diversas se han activado para contener esta violencia radical en contra de mujeres, pero igualmente reconoció que es una agresión indómita, imparable y amenazadora, que crece sin freno.
Gabriela Moreno, abogada litigante, revela a EL MAÑANA, que Reynosa carece de un Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.
Cuando debe enfrentar casos en donde involucra violencia de género, las remite a la Fiscalía Especializada, en el complejo que se ubica en la colonia Puerta del Sol, pero no es propiamente una estancia que brinde protección y seguridad a las mujeres que han sido víctimas de agresiones, simplemente Reynosa carece de dicha instancia esencial.
Alude al anuncio hecho recientemente por el Gobierno del Estado de reactivar las “Casas Violeta”, que ofrecen atención y apoyo a mujeres víctimas de violencia, mismas que en Tamaulipas, como en el resto del país, desaparecieron desde el año 2019, al decretarse la extinción de 109 fideicomisos federales, entre ellos el asignado a los Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.
Extinguidos dichos financiamientos, la duda que asalta es quién sostendrá económicamente a dichas “Casas Violeta”, que en los hechos no existen más y desaparecieron.
Observando el pico estadístico de la ONG “Semáforo Delictivo”, se puede apreciar cómo a partir de mediados del año 2022 inició una espiral ascendente, un 108 por ciento de más casos de violación o ataque sexual a mujeres, que reflejan un incremento de esa tasa en relación al 2022, y un 35 por ciento más por encima de la media nacional.
Es tan sólo un referente estadístico alarmante, pero aún más inquietante son aquellos casos de agresión sexual y abuso que se cometen detrás de las puertas del hogar, en el matrimonio, en pareja, en donde el sometimiento físico violento, con fines sexuales, es también tipificado como violación, pero que por efectos de tabú y evitar la exposición pública se quedan protegidos en la impunidad y silencio de las víctimas.