En opinión del abogado penalista Juan Uriza Lara --al ser entrevistado para EL MAÑANA—, las recientes reformas constitucionales que amplían la presencia de militares en tareas de seguridad pública civil no representan la panacea en materia de solución al delito.
Por lo que expresó que es necesario que haya un equilibrio de participación de militares como civiles en labores de seguridad pública y combate a la delincuencia.
Expuso que por experiencia personal en la década de los 90’s participó laboralmente en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y se militarizó la frontera con mandos castrenses en la dependencia y la Policía Judicial Federal.
Documentándose muchos presuntos excesos y abusos de parte de los militares, por lo que no puede emitirse como juicio sumario que la sola asignación de los militares en tareas civiles de seguridad garantice la solución al fenómeno de la inseguridad en el país.
Uriza Lara añade sobre el particular, las reformas aprobadas por los legisladores para propiciar una mayor participación de los militares se fijan en fechas o periodos, en este caso hasta el 2028.
“Es decir, pareciera que por el solo hecho de fijar un plazo de tiempo, necesariamente sea interpretado como que para entonces no habrá más delito ni actividades criminales, cosa que nadie puede atreverse a teorizar que así será”, asentó.