Cada testimonio le fue sumando dólares a la deuda de Joaquín ‘‘El Chapo’’ Guzmán Loera con el gobierno estadunidense para sumar un total de 12 mil 666 millones 191 mil 704 dólares.
El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, Chupeta, exlíder del Cártel del Norte del Valle, testificó que durante una década (1990 a 2000) envió de Colombia a México en avión, barco o submarino, 436 mil kilogramos de cocaína para el Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.
Jesús El Rey Zambada, hermano del Mayo, declaró que de 1995 a 2008 almacenó anualmente cargamentos de entre 80 mil y 100 mil kilogramos de cocaína colombiana en bodegas en la Ciudad de México para luego enviarlos al mercado estadunidense.
Pedro Flores, narcotraficante chicano, dijo que él y su gemelo, Margarito, vendieron en ciudades del este, centro y oeste de Estados Unidos al menos 53 mil kilogramos de cocaína del Chapo, mercancía que llegó a Chicago en camiones de carga y vagones de tren entre 2005 y 2008.
Chupeta, El Rey Zambada y Pedro Flores fueron sólo algunos de los testigos clave en el juicio de tres meses contra El Chapo en Nueva York. A cambio de sus testimonios les ofrecieron reducir sus sentencias.
Esos testimonios, junto con los de otros delincuentes, sirvieron para que los fiscales del caso calcularan las ganancias del Cártel de Sinaloa por la venta de drogas en territorio estadunidense y sentenciaran a Guzmán Loera, de 62 años, a cadena perpetua y a compensar al gobierno de Estados Unidos con más de 12 mil millones de dólares, unos 242 mil 192 millones de pesos.
Ese dinero sería suficiente, por ejemplo, para financiar los proyectos de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, calculado por el gobierno en 8 mil millones de dólares, y el aeropuerto de Santa Lucía, para el que se prevé una inversión de 4 mil millones de dólares.
Una vez que concluyó el juicio del narcotraficante sinaloense en una Corte federal en Brooklyn, los fiscales presentaron –el viernes 5– una solicitud de incautación de su dinero. Pero como es prácticamente imposible saber cuál es la fortuna real del capo, calcularon cada dólar que supuestamente ganó por la venta de drogas en Estados Unidos, pero sin gastos, como si no hubiera pagado ni un solo soborno, ni el sueldo de algún sicario o distribuidor de droga. Los fiscales decidieron estimar el adeudo solamente sobre las ganancias del Cártel de Sinaloa.
“Los tribunales han encontrado que calcular el monto en función de las ganancias brutas, en lugar de las ganancias netas, corresponde al propósito punitivo en casos de narcotráfico”, establecieron.
Según los fiscales, desde los noventa hasta la última captura de Guzmán, en 2016, el Cártel de Sinaloa distribuyó 528 mil 276 kilogramos de cocaína con un valor de más de 11 mil 809 millones de dólares; 202 kilogramos de heroína por 11 millones de dólares y 423 mil kilogramos de mariguana por unos 846 millones de dólares.
En un documento de 12 páginas, los fiscales reconocen que la cifra es conservadora, pero dada la complejidad que representa calcular el monto exacto del dinero del Chapo, aclaran que el gobierno de Estados Unidos “no está obligado a proporcionar un cálculo preciso de los ingresos que serán decomisados”.
“El gobierno tiene derecho a la confiscación de todos los bienes que constituyan o se deriven de los delitos relacionados con la venta de narcóticos del acusado y cualquier propiedad que facilitara la comisión de esos delitos”, sentenciaron.
Ni en México ni Estados Unidos existe la certeza de que se pueda rastrear la fortuna del Chapo, que alguna vez fue estimada por Forbes en más de mil millones de dólares.
Tras conocer la sentencia sobre el dinero, Jeffrey Lichtman, abogado de Guzmán Loera, dijo que el gobierno de su país nunca “ha localizado un centavo de los 12 mil millones de dólares en ganancias que presuntamente generó el señor Guzmán” y calificó la orden de incautación como un “ejercicio académico”.
En México también fracasaron los intentos por rastrear y decomisar el dinero del Guzmán Loera. De hecho el pasado 8 de mayo la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que en los últimos 18 años sólo se le ha podido decomisar al Chapo y a su familia un inmueble, cinco armas de fuego, 171 cartuchos, cinco cargadores, una computadora, tres relojes y tres teléfonos celulares, de acuerdo con la información que la periodista Anabel Hernández obtuvo vía Ley de Transparencia.
En el documento de la solicitud de incautación, los fiscales de Estados Unidos aceptan que las evidencias muestran que los ingresos del Cártel de Sinaloa fueron lavados. Tras recabar todos los testimonios y las pruebas, concluyeron que parte del dinero fue usado en los gastos de las operaciones del Cártel de Sinaloa, incluida el pago de la nómina de distribuidores y proveedores, así como los equipos de comunicación y transporte, como aviones, submarinos y camiones.