El primer día que el abogado peruano Ricardo Soberón asumió como encargado de “combatir la droga” para el Gobierno de Ollanta Humala, en agosto de 2011, un cultivador de coca de la Selva Alta lo llamó con urgencia: la DEA y la policía estaban erradicando su chacra, le dijo. Soberón llamó al presidente y “el mismo día ordenó que todas las unidades de la policía y la DEA retornaran a sus bases”. Era su debut como funcionario, pero ya había marcado el final de su gestión. Su modo de actuar enfureció al ministro del Interior —un exmilitar— e inquietó a la entonces embajadora de Estados Unidos en Perú, Rose Links, y al Bureau of International Narcotics de su país.
Ocho meses después estaba fuera del Gobierno. En el lapso que fungió como “zar antidrogas” de Perú, Soberón vivía las quemas públicas de cocaína incautada con frustración. “Porque soy consciente de los límites de un operativo que no hace ningún efecto al circuito ilegal”, dice. Duró poco en el puesto por la misma razón que lo había llevado a la función pública: Soberón no es un político antidrogas sino un “cocólogo”, como le dicen sus colegas con aprecio. Hoy es director del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos de Perú que fundó en 2009, donde canaliza sus trabajos como consultor. Además, su experiencia con la coca viene de familia.
A principios del siglo XX, los abuelos de Ricardo Soberón —Rafael y Esther— eran propietarios de una gran hacienda en Huánuco, entonces principal sembradío cocalero en Perú, donde se dedicaban a transformar la hoja en sulfato de cocaína cuando era legal. El país era el mayor exportador global de coca y sus derivados: una quincena de ingenios la empaquetaban para The Coca Cola Company o hacían el sulfato para el laboratorio Merck de Alemania y farmacéuticas estadounidenses como Parke-Davis, que la refinaban en destino y la distribuían en farmacias del mundo. En 1919, cuando su abuelo Rafael murió de una pulmonía, Esther quedó viuda con 21 años, cinco hijos, dos chacras tupidas de coca y el ingenio. Entonces llegó el hermano de Rafael, Andrés Avelino, y convenció a su abuela de que le transfiriera el negocio.
Familiares de personas desaparecidas, protestan en la ciudad de Guadalajara en mayo de 2018. Jalisco es el Estado con el mayor numero de desaparecidos en México.HECTOR GUERRERO.
El abogado peruano Ricardo Soberón cree que los países latinoamericanos “deben decirle al mundo: paguen por el café, el cacao, la yerba mate a un precio equis, más uno por la cocaína o la marihuana que no producimos, más otro por el cambio climático y también por términos de comercio justo. Si no, seguiremos exportando cocaína de altísima calidad. El derecho penal no sirve, no previene, no disuade”, señala.
Gootenberg, por su parte, entiende “que hay un consenso político creciente de que la guerra contra las drogas ha fracasado, pero cuál es la alternativa no está claro”.
El economista colombiano David Restrepo apela a una ironía amarga: “La guerra contra las drogas en Colombia ha sido un gran éxito”, dice. “No para el país, sino para ciertos intereses y formas de pensar la sociedad”. El narcotráfico, explica, “ha fortalecido una economía de guerra que permite sacarle provecho tanto a la economía como al discurso político”. Le sirve a todos los que prefieren desviar la mirada de las raíces del problema: “Es un discurso vendedor en una sociedad desigual y conflictiva. Da unos lugares comunes, unas explicaciones fáciles, unos chivos expiatorios muy claros para ignorar los reclamos de política social y no tener que pensar en reformas agrarias, en construir infraestructura social donde nunca han integrado al país”.