CIUDAD DE MÉXICO
La catástrofe ocurrida el martes 6 en Tula, Hidalgo, exhibió el impacto negativo causado por el desmantelamiento del Sistema Nacional de Protección Civil que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pese a que el Banco Mundial consideraba a ese sistema como uno de los mejores modelos del mundo para prevenir y atender los desastres naturales, la 4T hizo modificaciones en su interior.
Aunque desde 2009 el Atlas de Riesgo sobre el estado de Hidalgo advertía sobre el peligro de que el Río Tula se podría desbordar por los escurrimientos que originalmente captaban los lagos de Xochimilco, Chalco y Texcoco, ninguna autoridad federal, como Laura Velázquez, titular del Consejo Nacional de Protección Civil (CNPC), y Germán Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como la estatal encabezada por Omar Fayad Meneses alertaron de la urgencia de desalojar las zonas aleñadas al afluente.
Otro factor de riesgo son las descargas de aguas residuales de la Ciudad de México y el excedente de la presa Danxhó en Jilotepec, Estado de México, que también desfoga hacia el Río Tula.
De acuerdo con la página de internet de la Conagua, otras dos presas de Hidalgo representaban un peligro…
El miércoles 1 la presa Endhó alcanzó el punto NAMO, que es el máximo nivel con el cual se puede operar para satisfacer los requerimientos cuando el vertedor de excedencias no está controlado por compuertas; mientras que el viernes 3 la presa Requena estaba a punto de llegar al máximo nivel.
El martes 7 el gobernador Omar Fayad solicitó a la Conagua abrir las compuertas de ambas presas y evitar mayores afectaciones para la capital del estado, así como para los municipios afectados como Tepeji del Río, Ixmiquilpan, Tlahuelilpan, Chilcuautla, Mixquiahuala de Juárez, Tasquillo, Tezontepec de Aldama y Tlaxcoapan.