Héctor Ocegueda-Rivera tenía que presentarse en Los Ángeles a una entrevista con el servicio de inmigración para hacerse ciudadano de Estados Unidos. Pero enfrentaba un problema: Fue deportado a México y no le permiten regresar.
Ahora, este exinfante de marina de 53 años, que fue deportado por manejar en estado de ebriedad, está demandando al gobierno estadounidense para que le permita volver y presentarse a la entrevista o enviar a un funcionario a hablar con él en la frontera, de modo que pueda cumplir con los requisitos para hacerse ciudadano.
“Es absurdo que tengamos que demandarlos, pero es la única forma de hacer que lo entrevisten”, expresó la abogada Talia Inlender, que representa a Ocegueda-Rivera.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo que no comenta procesos en marcha.
El dilema surgió cuando Ocegueda-Rivera se enteró de que podía hacerse ciudadano por haber servido en las fuerzas armadas a pesar de que había sido deportado. Uno de los pasos para sacar la ciudadanía es someterse a una entrevista con funcionarios de inmigración.
Las leyes estadounidenses estipulan que todo veterano de las fuerzas armadas que sirvió honorablemente durante un período de hostilidades puede hacerse ciudadano estadounidense si satisface ciertos requisitos, incluida la entrevista.
En algunos casos, los veteranos fueron deportados por cometer delitos. Por ejemplo, un exparacaídas del ejército que fundó una organización de apoyo a veteranos deportados en Tijuana, México, pudo naturalizarse tras recibir un perdón por una condena previa. En otro caso, un veterano que viajó al exterior no pudo regresar porque no sabía que tenía una vieja orden de deportación en su historial, según Inlender.
La demanda fue presentada en un tribunal federal de California el lunes, poco más de una semana después de que el gobierno de Joe Biden delinease lo que pueden hacer los veteranos que están en el exterior para sacar la ciudadanía. Las nuevas pautas indican que las entrevistas con personas que ya no sirven en las fuerzas armadas deben hacerse en suelo estadounidense —los veteranos pueden pedir visas o libertad bajo palabra para ingresar al país— y que el gobierno puede enviar a un funcionario a la frontera para realizar la entrevista.
Inlender dijo que Ocegueda-Rivera solicitó tanto una visa como la libertad bajo palabra y que ambas opciones fueron denegadas.
Ocegueda-Rivera fue traído a Estados Unidos desde México por sus padres y se crió en Artesia, en el sur de California, según su hermana.
Sirvió en la infantería de marina de 1987 a 1991 y pasó cuatro años como reserva antes de ser dado de baja con honores. Se casó, tuvo dos hijas y sacó una tarjeta verde de residente permanente a través de su esposa. Pero tuvo algunos problemas por consumo de drogas y una serie de incidentes policiales, incluido uno por manejar ebrio, el cual hizo que fuese deportado en el 2000, de acuerdo con sus abogados.
Ocegueda-Rivera regresó para estar con su familia, a pesar de la orden de deportación, y se sometió a un tratamiento para la adicción a las drogas de un hospital para veteranos. Fue deportado dos veces y desde el 2012 vive en México, donde se puso en contacto con un grupo de apoyo a los veteranos, según la presentación de sus abogados.
En el 2019 solicitó la ciudadanía y se programó una entrevista en Los Ángeles para febrero del 2020. Cuando se le denegó el permiso para ingresar al país, les pidió a las autoridades de inmigración que lo entrevistasen en la frontera, pero no lo han hecho, dijeron sus abogados.
Ocegueda-Rivera declinó ser entrevistado para este artículo. Su hermana Alma Ocegueda dijo que lo visita dos veces al mes en México, llevándole comida y sus hamburguesas preferidas. Trabaja como guardia en un hotel y quiere estudiar enfermería en Estados Unidos y estar con su familia, agregó.
“Esta es su casa para él”, dijo la hermana.