Óscar Márquez Torres, secretario del juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Nayarit, en funciones de juez federal, determinó que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, deberá de llevar su proceso desde prisión, ya que le negó un amparo mediante el cual buscaba seguir su proceso en libertad.
De acuerdo con el juez, son infundados cada uno de los alegatos del exmandatario, quien argumentó que se le “coartó su derecho a la libertad” porque debía considerársele procesado hasta el momento de su vinculación a proceso y, a pesar de ello, se le impuso la medida cautelar de prisión.
De acuerdo con sus abogados, no por estar siendo procesado en causas diversas era procedente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Sandoval Castañeda, detenido en julio pasado, es acusado de ejercicio indebido de funciones, peculado y delitos electorales, así como por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio de las finanzas públicas del estado.
El pasado 9 de julio, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo que interpusieron el exgobernador y su hija Lidy Alejandra Sandoval López –a nombre de quien el exgobernador puso algunas propiedades–, contra el aseguramiento de algunas de sus propiedades por parte de la Fiscalía nayarita.
Sandoval Castañeda reclamó el aseguramiento de un predio y una parcela, mientras que su hija impugnó el de lotes.
En esa ocasión, el juez determinó no amparar al exmandatario priista, preso en el penal federal “El Rincón”. Él y su hija interpusieron el juicio de amparo en junio pasado, y señalaron que el aseguramiento se llevó a cabo el 2 de marzo de 2021.
Roberto Sandoval fue vinculado a proceso en el mes junio por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
En el caso de su hija, Lidy Alejandra, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Nayarit determinó no vincularla a proceso, medida que dos meses después se modificó.