Matamoros, Tam.- Tras exhaustivas peticiones hechas al gobierno de Matamoros para que sustentara el estatus jurídico laboral de 136 elementos que fungían como “vigilantes municipales” -sin que hubiera respuesta a la solicitud-, el mando estatal de la Secretaría de Seguridad Pública en dicha localidad, Francisco Javier Rojas Bárcenas, remitió este jueves a ese personal al municipio.
Y es que se encontraban desempeñando funciones de manera irregular y sin cumplir los procesos de certificación y certeza jurídica para realizar servicios de seguridad a la ciudadanía.
Este jueves se notificó la determinación tanto a los 136 elementos como, por escrito, a funcionarios de la Presidencia Municipal de Matamoros.
La decisión se da luego de que se concedió un tiempo razonable al oficial mayor, al secretario del Ayuntamiento, al contralor y al alcalde de Matamoros para que informaran la situación contractual y laboral de los “vigilantes municipales”, ya que no se han encontrado expedientes ni antecedentes de ese personal.
De igual forma, con base en las leyes vigentes, los 136 elementos no satisfacen los requisitos para desarrollar labores de vigilancia ni de seguridad, entre ellos los controles de confianza.
Un aspecto relevante es que la remisión del personal se determinó también para resguardar los derechos laborales de los “vigilantes municipales”, de tal modo que sea la alcaldía de Matamoros la que asuma las responsabilidades legales y laborales correspondientes.
Es importante señalar que las labores de seguridad y vigilancia en Matamoros no se verán afectadas porque continuarán a cargo de la Policía Estatal, en coordinación con otras corporaciones federales y de la entidad.
El 22 de septiembre, el Gobierno de Tamaulipas decretó que asumía el mando de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Matamoros, que integra también las funciones de Tránsito con el objetivo de restablecer el orden público en el municipio.
Desde entonces se ha llevado a cabo un exhaustivo proceso de revisiones y peticiones de información a las autoridades municipales -varias de las cuales no ha tenido respuesta-, que han arrojado irregularidades.