NUEVA DELHI
Fue la primera vez que tantos acusados recibían la pena capital en un mismo proceso en India. La sentencia debe ser ratificada por un tribunal superior.
Un grupo insurgente islamista llamado Harkat-ul-Jihad-al-Islami reivindicó los atentados. Se creía que estaba asentado en Pakistán, pero al parecer ya no está activo.
También participó el Muyahidín Indio, una fracción radicalizada del proscrito Movimiento Estudiantil Islámico de India, aseguró Sudhir Brahmbhatt, uno de los fiscales del caso, citando documentos de la policía.
El grupo planeó las explosiones en venganza por la violencia entre hindúes y musulmanes en 2002 en Gujarat, en la que murieron más de 1.000 personas, en su mayoría musulmanes, informó la agencia Press Trust of India.
La chispa que detonó la violencia fue un incendio en un tren en que viajaban peregrinos hindúes y que causó 60 muertes. Jamás se demostró la causa, pero extremistas hindúes culparon a los musulmanes y respondieron con vandalismo en zonas musulmanas.
El primer ministro Narendra Modi era entonces el ministro jefe —el principal funcionario electo— de Gujarat. Desde entonces se alega que no hizo lo suficiente para detener la devastadora violencia religiosa, señalamientos que él rechaza.
El viernes, el juez A.R. Patel condenó a 11 personas a prisión perpetua en el caso en el que una decena de bombas explotaron en Ahmedabad el 26 de julio de 2008.
Los 49 condenados son musulmanes, dijo Brahmbhatt. El único hindú arrestado fue absuelto por el tribunal, añadió.
Un grupo de personas lanzó cohetes pirotécnicos y repartió golosinas para festejar el veredicto en uno de los lugares donde se produjeron las explosiones.
Los atentados ocurrieron en dos oleadas y se perpetraron con explosivos escondidos en cajas de almuerzo y bicicletas. La primera explosión tuvo lugar en las inmediaciones de centros comerciales concurridos de la ciudad y la segunda, unos 20 minutos después, dentro y alrededor de los hospitales a los que estaban siendo trasladadas las víctimas.
La semana pasada, Patel condenó a los acusados de homicidio, conspiración para hacer la guerra contra el Estado y posesión ilegal de armas. Absolvió a 28 por falta de pruebas. El juicio finalizó en septiembre.