CHICAGO
La ley prohibía a ciudades y condados de todo el estado alquilar camas en sus prisiones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, al tiempo que exigía a los condados que ya tenían contratos con ICE (inmigración) que los rescindiesen para el 1ro de enero.
Defensores de los derechos de los inmigrantes y activistas que promovieron el Way Forward Act de Illinois pensaron que habían logrado una gran victoria en su estrategia a largo plazo para desmantelar el sistema de detenciones del ICE. Hasta la semana pasada, el ICE tenía casi 22.000 inmigrantes y personas que buscan asilo en más de 130 cárceles públicas y privadas en todo el país.
“Lo consideramos algo parecido al movimiento por la igualdad matrimonial, por el que los estados comenzaron a aprobar leyes hasta llegar a un punto en el cual la actual administración ya no podía ignorar el tema y las necesidades de la comunidad”, manifestó Luis Suárez, de la Detention Watch Network (Red de Monitoreo de Detenciones), una organización nacional que promueve el cierre de los centros de detención del ICE.
Pero poco después de que Pritzker promulgase el Illinois Way Forward Act, dos condados radicaron una demanda en un juzgado federal en la que cuestionaron la constitucionalidad de la ley. Kankakee County, a una hora por auto al sur de Chicago, y el McHenry County, a una hora hacia el noroeste, ganaron millones de dólares en los últimos años mediante contratos para alojar a los detenidos por ICE en sus penales.
El estado pidió que se ignorase la acusación. Pero los condados solicitaron al juez de distrito Philip G. Reinhard, del Northern District of Illinois, que emitiese una orden autorizándolos a mantener sus contratos con ICE mientras se resuelve el caso. El juez todavía no fijó una fecha para una vista preliminar ni indicó cuándo podría tomar una decisión.
Si los condados salen airosos, no solo agriarían el festejo de los activistas, sino que también pondrían en duda la viabilidad de su estrategia, pensada para acabar con los centros de detención de inmigrantes estado por estado, cárcel por cárcel. Incluso si la ley sigue en vigor, el recurso legal de los condados plantea dudas acerca de lo que pasará con las decenas de personas detenidas por el ICE alojadas actualmente en las cárceles de los condados.
En entrevistas y presentaciones legales, el procurador del condado de McHenry, Patrick Kenneally, quien representa a los dos condados, dijo que ICE terminaría trasladando a la mayoría de las personas en sus cárceles a otras partes del país, más alejadas de sus familias y de sus equipos de abogados. “La idea de que esto va a beneficiar a alguien alojado en el McHenry County es dudosa, por no decir que está totalmente equivocada”, expreso Kenneally en una entrevista.
Los activistas que promovieron la ley, sin embargo, dicen que la demanda pone de manifiesto los perversos incentivos financieros de contados mayormente rurales, conservadores, obtenidos al detener inmigrantes bajo la custodia del gobierno federal, y de paso separar familias y causar daños perdurables a los inmigrantes y sus comunidades.
Los activistas acusan asimismo a las cárceles de Kankakee y McHenry de ofrecer servicios malos, según denuncias de los últimos años de que los detenidos estuvieron tres meses sin agua en sus lavaderos, soportaron un brote de paperas y no recibieron asistencia médica adecuada.
También destacan que las estadísticas indican que el 75% de los inmigrantes detenidos por el ICE no han sido condenados por delito alguno y que la gran mayoría de los inmigrantes que no son detenidos se presentan a sus citas judiciales, lo que haría pensar que sus arrestos son abusivos, costosos e innecesarios.
La senadora estatal Celina Villanueva, demócrata de Chicago y copatrocinadora del Illinois Way Forward Act, dijo que los condados de McHenry y Kankakee básicamente tratan de cobrar dinero sucio de un sistema de inmigración que ya no funciona.
“Tratan de hacerle creer a la gente que se preocupan por nuestras comunidades, pero lo único que les importa es el dinero asociado con la criminalización de los inmigrantes de este país”, expresó.
Los condados de McHenry y Kankakee admiten en sus presentaciones legales que el dinero es el eje de sus reclamos.
El condado de McHenry cobró más de 8 millones de dólares al año por sus contratos con el ICE del 2016 al 2020, de acuerdo con la demanda. Eso es más de lo que percibió en impuestos a las ganancias en ese período. El condado de Kankakee cobró casi 4 millones de dólares al año del ICE entre el 2017 y el 2020, casi lo mismo que generaron los impuestos a las ventas en el mismo período.
Los dos condados registraron una significativa baja en la cantidad de inmigrantes detenidos en sus cárceles este año, siguiendo una tendencia nacional, ya que las detenciones del ICE disminuyeron bajo el gobierno de Joe Biden.
Obligar a los condados a rescindir sus contratos “tendrá un impacto perjudicial en los ingresos de estos condados”, dijo Kenneally en la demanda.
El principal argumento legal de los condados es que el Illinois Way Forward Act interfiere con las leyes federales, que permiten al ICE firmar contratos con condados y municipalidades para alojar a inmigrantes presos en sus cárceles.
“El Illinois Way Forward Act busca evadir al poder constitucional del gobierno federal en relación con la detención de inmigrantes”, expresó Kenneally en su presentación.
Una reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito de California podría reforzar la postura de los condados. El mes pasado, el tribunal bloqueó una ley de California que hubiera forzado el cierre de centros privados de detención de inmigrantes en el estado. En un fallo de 2-1, el tribunal determinó que las leyes de California inhiben al estado de impedir que el ICE haga cumplir “lo que las leyes federales de inmigración permiten explícitamente”.
La procuraduría general de Illinois, por su parte, arguye que la decisión del 9no Circuito solo se aplica al sector privado y que la Corte Suprema nacional dijo que la Décima Enmienda le da al estado la opción de negarse a participar en programas federales, como el de la detención de inmigrantes. A través del Illinois Way Forward Act, el estado decidió prohibir que “subunidades” del gobierno detengan en sus cárceles a inmigrantes bajo la custodia del ICE. Y los condados no tienen bases legales para ignorar al estado, según los abogados del gobierno estatal.
“Lo que importa en este caso es la soberanía del estado, no la preferencia de los condados”, arguyó un abogado de la procuraduría en su presentación más reciente.
Una portavoz del procurador general de Illinois, Kwame Raoul, dijo que ni Raoul ni ningún otro abogado estaban disponibles para entrevistas, pero indicó en un comunicado que esa dependencia está decidida a defender el Illinois Way Forward Act, que según ella “busca promover y preservar la confianza entre las comunidades de inmigrantes y la policía, que es vital para reforzar la seguridad pública”.
Un portavoz del ICE no respondió a una serie de preguntas para este artículo enviadas por email.
Cuando el Illinois Way Forward Act entró en vigor, había un tercer condado que tenía un contrato para detener gente del ICE: el Pulaski County, en el extremo sur del estado.
A diferencia de McHenry y Kankakee, Pulaski decidió rescindir su contrato con el ICE. El gobierno federal liberó a 15 de los aproximadamente 50 inmigrantes detenidos en la Cárcel del Condado de Pulaski y el resto fueron transferidos a otros centros de detención del ICE, sobre todo los de los condados de Kankakee y McHenry, de acuerdo con Mark Fleming, director asociado para litigios federales del Centro Nacional para la Justicia del Inmigrante (National Immigrant Justice Center), una organización sin fines de lucro de Chicago que ayudó a muchos de esos inmigrantes a hacer pedidos de liberación.
Defensores de los derechos de los inmigrantes consideran que el cierre del Centro de Detención del Condado de Pulaski es una prueba de que su estrategia funciona, mientras que los detractores del Illinois Way Forward Act afirman que lo único que logrará el cierre de centros de detención es que el ICE traslade a los presos a otros penales.
Fleming dijo que los activistas pudieron usar la rescisión del contrato del condado de Pulaski con el ICE para convencer a esa agencia de que libere a algunos detenidos. Si el juez falla en contra de los otros dos condados, los activistas tendrán más argumentos para pedirle al ICE que libere más inmigrantes actualmente detenidos, según Fleming.
“No creo que nadie de nuestro bando ignore la posibilidad real de que algunos individuos sean transferidos”, declaró. “Creo que estamos resistiendo la noción de que todos van a ser transferidos automáticamente”.
Kenneally, en cambio, dice que la ley simplemente hará que el ICE transfiera al a mayoría de los inmigrantes actualmente en las cárceles de los condados de McHenry y Kankakee a centros de detención de otros estados. Eso es lo que sucedió en Nueva Jersey, que aprobó una ley similar prohibiendo la detención de inmigrantes durante el verano boreal. El ICE transfirió a decenas de personas a cárceles de otros estados en las últimas semanas, luego de que la Unión Americana de Libertades Civiles procurase infructuosamente impedir esos traslados en los tribunales.
Activistas como Suárez admiten que les preocupa el que la gente sea trasladada a centros de detención más alejados de sus familias.
Pero consideran que, a largo plazo, al reducirse la cantidad de centros de detención disponibles, el ICE se verá forzado a limitar la cantidad de personas que detiene. Y en cada estado y condado donde se apuntan una victoria dan impulso a su campaña por eliminar todos los centros de detención del ICE.
“Al final del día, vamos a seguir haciendo fuerza por el cierre de las instalaciones (de detención) porque la posibilidad de que (los inmigrantes presos) sean liberados siempre está allí”, dijo Suárez.