Doscientos elementos de la Policía Ministerial del Estado están por integrarse a las labores en todo Tamaulipas; se espera que la próxima semana entren en funciones.
Habilitan 200 agentes ministeriales para Tamaulipas
Doscientos elementos de la Policía Ministerial del Estado están por integrarse a las labores en todo Tamaulipas; se espera que la próxima semana entren en funciones.
Tampico. Así lo dio a conocer el Procurador de Justicia del Estado, Ismael Quintanilla Acosta, quien aseguró que en la zona sur de Tamaulipas se instalarán 60 elementos. Los 35 agentes federales que hacen la función en la PGJ regresaran a sus funciones en la Policía Federal.El procurador señaló que con los agentes federales en función de ministeriales del estado, hicieron un buen trabajo, sin embargo se requiere que el estado cuente con su propio equipo de trabajo. Se requieren 800 elementos ministeriales en el estado, por lo que se sigue trabajando en el reclutamiento, en el que afirmó, no es nada fácil.Y es que mencionó que de cada diez prospectos a la Policía Ministerial, sólo dos logran pasar los filtros, entre los que destaca las pruebas de control y confianza.Asimismo Quintanilla Acosta, informó que Juan Antonio Jara Benavides fue ratificado como delegado de la PGJ, en la zona sur de Tamaulipas, mismo que había tomado el puesto de encargado de despacho el 13 de mayo del presente año, tras el despido de Orlando Aguilar Márquez, quien ocupaba el puesto.ERAN INOCENTESIsmael Quintanilla, al referirse al asesinato de una familia en el municipio de Río Bravo, aseguró se trataba de personas inocentes.Mencionó que se está en la investigación para lograr la detención de los responsables, asegurando que ya los tienen identificados.Precisó que al indagar, no encontraron vínculos en esa familia acribillada, con la delincuencia organizada..5% DE EFECTIVIDADLuego de que en la mesas de seguridad estableciera que tan sólo existe un .5 por ciento de efectividad en el tema de secuestros y desapariciones forzadas, el Procurador Quintanilla reconoció la existencia de la desaprobación de la ciudadanía, misma que contempla el 99.5 por cuento de casos sin resolver.