CIUDAD DE MÉXICO
José Ricardo Gallardo Cardona, polémico gobernador de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), deberá pagar el crédito fiscal de 12 millones 300 mil pesos que arrastra desde 2018, por una serie de “depósitos bancarios no declarados” en 2013, cuando era presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió hoy, por unanimidad, que el crédito fiscal que le determinó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) era válido, con lo que dio por cerradas las maniobras legales del ahora gobernador para evitar las multas derivadas del impago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre depósitos millonarios de 2013.
Según la resolución adoptada hoy, Gallardo “no acreditó el origen” de depósitos observados por la autoridad, por la cantidad de un millón 891 mil pesos.
El adeudo del gobernador ante el SAT se suma a la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llevó a cabo sobre los movimientos financieros sospechosos operados por Gallardo en su estado, los cuales involucran presuntos desvíos de 724 millones de pesos de las arcas de Soledad de Graciano Sánchez y de San Luis Potosí.
La UIF presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en agosto de 2020, en la que señaló a 20 empresas y 19 personas vinculadas con el presunto desvío encabezado por Gallardo y su padre, Ricardo Gallardo Juárez.
La FGR no ha dado a conocer avances sobre este caso, y en junio de 2021 Gallardo llegó a la gubernatura de su estado gracias –entre otros-- al apoyo público de Mario Delgado Carrillo, el presidente nacional de Morena.