El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer que renovó su política de cobranza social para darle prioridad a las personas que enfrentan dificultades de pagar y darles la oportunidad de facilitar sus aportaciones puntualmente.
La nueva normativa esta basada en el artículo 71 de la ley del instituto que consiste principalmente en mantener un monitoreo continuo del estatus de los derechohabientes como el comportamiento histórico de los créditos, conducta financiera, análisis actual de la capacidad y voluntad de pago.
La finalidad de estos cambios también es anticipar problemas económicos de las personas que presenten cambios fuera del control del Infonavit. Los status establecen que se llevaran a cabo esfuerzos de cobranza que permita la disminución de trabajadores con problemas de incumplimiento, la regularización de pagos e incentivar el hábito de pago.
De acuerdo a sus registros el año pasado Infonavit apoyó a más de 2 millones de personas con distintas soluciones de pago contempladas con el modelo de cobranza social. Asimismo para evitar malas prácticas de los derechohabientes que funcionan como agentes de cobranza, el instituto monitoreará su desempeño para de está manera ayudar a las personas a mantener sus pagos al día y satisfacción de los acreditados.