De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez Gustavo Aquiles, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, concedió este término a la FGR para evitar que el derecho a la debida defensa de Anaya sea violentado.
Al respecto, Eduardo Aguilar, abogado de Anaya, aclaró que su cliente aún cuenta con sus derechos políticos y sociales.
La orden del juez fue dictada en audiencia inicial programada para este jueves, misma que se difirió hasta el 4 de octubre próximo porque Anaya no conoce la carpeta en la que la FGR busca fincarle cohecho, asociación delictuosa y "lavado" de dinero.