Con más 24 mil 500 personas desaparecidas en los tres años del actual sexenio, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) inicia una visita oficial en México, en la cual se prevén señalamientos fuertes en materia de justicia e identificación humana.
La visita es la primera que realiza el CED a cualquier país del mundo, y durará 13 días, durante los cuales se reunirá con colectivos de familiares de personas desaparecidas en 12 estados diferentes, como Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Nayarit y la Ciudad de México.
Los expertos de la ONU también pretenden participar en búsquedas de personas desaparecidas, y pidieron reunirse con altas autoridades del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y las Fuerzas Armadas.
Desde 2013, el CED pidió a México realizar la visita, pero al Gobierno de Enrique Peña Nieto no le pareció que se hiciera con base en el concepto del artículo 33 de la convención en la materia, que implicaba violaciones graves en el país.
En la actual Administración, la visita fue impulsada desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, con reticencia de la Cancillería.
Para Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los expertos de la ONU encontrarán una crisis en materia de justicia, así como falta de voluntad política para atender las desapariciones.
“Cada una de las autoridades del Estado mexicano tendrá que asumir las obligaciones que le corresponde”, advirtió en entrevista con REFORMA.
“Se ha tenido discrepancias en relación con las obligaciones de las búsquedas, no sólo con la Fiscalía, sino en general. Una cosa es la política pública, pero otra es la operatividad cotidiana, también la falta fortalecimiento a todos los niveles para poner énfasis en la búsqueda y en la identificación humana, ahí está una de las principales recomendaciones que fortalecerán mucho al Estado mexicano”.
Consciente de que el CED evaluará a México como un solo Estado en su conjunto, y no a cada autoridad por separado, Quintana también advierte que los expertos deberán reconocer los avances que se han logrado en los últimos años.