Exhibe Procuraduría demanda contra EPA

McAllen, Tx.El Procurador General de Texas, Ken Paxton, presentó una nueva demanda contra lo que el llama “el intento ilegal de la Administración Obama”, de expandir la capacidad de regulación de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, sobre el uso del agua.De acuerdo a lo señalado por el Procurador, se pretende cambiar la definición de “aguas navegables” bajo la Ley de Agua Limpia, con lo que se amplía enormemente la jurisdicción de EPA, amenazando la capacidad de los estados y los propietarios privados de utilizar su propia tierra. La regulación viola la Constitución norteamericana, la ley federal y el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos, y coloca cargas costosas a los propietarios de tierras en Texas.“La nueva regulación de agua de la EPA no se trata de agua limpia, se trata de poder”, dijo el Procurador General Paxton. “Esta nueva regulación pasa por alto la autoridad federal y podría tener un efecto devastador en prácticamente cualquier dueño de propiedad, desde los agricultores, a los ganaderos y las pequeñas empresas. Si procede, esencialmente cualquier dueño de propiedad con una zanja estaría en riesgo de costosas y nuevas regulaciones sin precedentes y una complicada red burocrática. Texas no debería necesitar el permiso del gobierno federal para utilizar su propia tierra, y el intento de la EPA de erosionar los derechos de propiedad privada deben ser detenidos”, señaló el funcionario estatal.Paxton señaló que la regulación final de la EPA es tan amplia y abierta a la interpretación que todo, desde zanjas y áreas de arroyos secos, a los barrancos, y hasta las charcas aisladas formadas después de una gran lluvia podría ser considerado como “aguas de los Estados Unidos”.El Procurador expresó que las acciones de la EPA son incompatibles con el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso en el que el Tribunal de Justicia declaró que el gobierno federal se excedió en su autoridad legal al tratar de regular zonas no destinadas por el Congreso. La regulación es contraria a la intención del Congreso de la Ley de Agua Limpia y es una amenaza contra la capacidad de los Estados para regular sus propios recursos naturales.