WASHINGTON – El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones y designaciones en contra de un grupo de operadores y sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), presuntamente responsables del atentado en contra de Omar García Harfuch y el asesinato de Aristóteles Sandoval
Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro estadunidense designó como narcotraficantes significativos a Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, afiliados al CJNG.
Rivera Varela y Gudiño Haro, pertenecen al grupo del CJNG que encabeza Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, al que se le achaca en control de la plaza de Puerto Vallarta, Jalisco, y ser el autor intelectual de gran parte de la violencia que azota a la entidad.
La OFAC también designó en el mismo casillero a Alejandro Chacón Miranda, operador de los viajes de los miembros del CJNG y al que se le vincula a la vez con otras actividades ilícitas del grupo criminal que dirige Nemesio Oseguera Cervantes “El Mecho”.
Rivera Varela, “La Firma”, colombiano-mexicano y Gudiño Haro, “La Gallina”, supuestamente son los proveedores de apoyo tecnológico y de bienes y servicios para el CJNG amén de llevar a cabo los actos de violencia contra objetivos específicos.
Como ejemplo de los actos de violencia, la OFAC subraya que “La Firma” y “La Gallina” presuntamente son responsables del atentado contra la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del gobierno de la Ciudad de México, ocurrido en junio de 2020.
A la fracción del CJNG que dirige “El Sapo”, Estados Unidos también lo involucra en el asesinato del exgobernador priista del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, llevado a cabo dentro de un restaurante en Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020.
A Chacón Miranda el gobierno de Estados Unidos lo identifica como una especie de agente de viajes de los miembros del CJNG e involucrado en operaciones de lavado de dinero, además de dueño de la agencia de viajes, Dale Tours, en Guadalajara.
Con la designación emitida por el Departamento del Tesoro, los bienes e intereses de los tres narcotraficantes significativos que tengan en lugares bajo la jurisdicción estadunidenses quedan sujetos a confiscación y se les congelan cuentas bancarias.
Se prohíbe a todo ciudadano o entidad de los Estados Unidos tener cualquier relación con los designados y, la violación a esta medida implica multas monetarias a civiles que de hasta un millón 548 mil 75 dólares, por cada ilícito.
Para el caso de sanciones criminales, los empresarios o corporativos pueden ser sentenciados hasta 30 años de cárcel, ser multados con hasta cinco millones de dólares y la entidad aparte, deberá pagar hasta 10 millones de dólares y los civiles enfrentar un encierro de 10 años en prisión.