Estados Unidos les retiró las visas a 50 familiares directos de diputados, fiscales y jueces involucrados en actos del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua al considerarlos responsables o cómplices de acciones que socavan la democracia, dijo el Departamento de Estado.
“Todos ellos son familiares directos de funcionarios vinculados al régimen que han contribuido de manera directa con medidas que adoptó el gobierno de Nicaragua que no reúnen las condiciones necesarias para que se desarrollen elecciones transparentes, libres y justas”, expresó el Departamento de Estado en un comunicado.
Aunque no identificó a las personas sancionadas, agregó que “Estados Unidos tiene el compromiso de promover una rendición de cuentas amplia de quienes sean responsables o se beneficien de los ataques del régimen de Ortega-Murillo a las instituciones democráticas”.
En los últimos dos meses el gobierno nicaragüense arrestó a más de 30 opositores políticos, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, activistas estudiantiles, líderes del sector privado, abogados defensores y otros.
“Ortega y (su esposa y vicepresidenta Rosario) Murillo demostraron nuevamente que temen postularse contra cualquiera que consideren que pueda conseguir el apoyo del pueblo nicaragüense”, sostuvo el Departamento de Estado.
Entre los arrestados en las últimas semanas está el excanciller Francisco Xavier Aguirre-Sacasa, de 76 años. Su familia aseguró que no sabe dónde está, si está bien de salud o si enfrenta acusaciones judiciales.
“No hay detalles, no hay información, no sabemos absolutamente nada”, expresó a The Associated Press Roberto Aguirre-Sacasa, uno de los hijos del exdiplomático y economista del Banco Mundial que ha sido un abierto opositor del gobierno de Ortega.
“El abogado dice que no puede hacer nada porque el caso no existe”, agregó Georgie Aguirre-Sacasa, una de las hijas del expolítico nicaragüense. Explicó que su madre se ha registrado como visitante de la cárcel de Chipote en Managua porque sospecha que podría estar ahí, pero no aparece en el listado de presos que proporcionan las autoridades.
Preocupada por la salud de su esposo, la mujer va todos los días a llevarle medicinas, alimentos y agua, pero los guardias sólo le reciben agua de vez en cuando, sin confirmar si él se encuentra allí.
Aguirre-Sacasa fue capturado por la policía en la tarde del 27 de julio cuando regresaba junto a su esposa a Managua después de que las autoridades de inmigración le confiscaran su pasaporte en momentos en que intentaba cruzar la frontera con Costa Rica para tomar un vuelo hacia Estados Unidos. Allí planeaba realizarse una cirugía de columna, dijeron a AP sus hijos Roberto y Georgie Aguirre-Sacasa.
Tras la detención en la carretera, la esposa de Aguirre-Sacasa regresó a su casa y se encontró con un allanamiento policial. Se llevaron computadoras y documentos de la oficina del exdiplomático en su domicilio, dijo su hija.
Al ser detenido la fiscalía difundió un comunicado diciendo que sería investigado durante 90 días por “tener indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.
“Dicen que están siguiendo la ley, pero si eso fuera cierto estaría en la lista de presos, podría hablar con nosotros, lo podrían visitar”, manifestó Georgie en una entrevista telefónica desde Washington. “Pero ninguno de esos derechos humanos se está respetando en Nicaragua”, añadió.
El 12 de julio el Departamento de Estado prohibió los visados a 100 legisladores, jueces, fiscales y familiares de esos funcionarios considerados “responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos”.
El gobierno nicaragüense no respondió de manera inmediata al anuncio de Estados Unidos. En el pasado ha expresado que las protestas que comenzaron en abril de 2018 eran un intento de golpe de Estado avalado desde el extranjero.
Nicaragua celebrará elecciones generales el 7 de noviembre en medio de una crisis que comenzó con esas protestas, que fueron sofocadas con violencia por la policía con un saldo de 328 muertos, más de 2.000 heridos y 1.600 detenidos en distintos momentos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega, de 75 años, y Murillo de 70, fueron postulados por su partido Frente Sandinista para su tercera y primera reelección respectivamente.
En tanto, el abogado Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció que las autoridades de Migración le impidieron salir del país y le quitaron su pasaporte cuando pretendía viajar este viernes a Estados Unidos desde el aeropuerto internacional “Sandino” de Managua.
“Este es un abuso más de este gobierno que está violentando mis derechos y garantías constitucionales. No es posible que un funcionario esté por encima de la Constitución Política”, dijo Carmona en rueda de prensa. Indicó que pretendía viajar a Miami para atender un problema de salud y visitar a familiares.
El pasado 29 de julio, la policía arrestó a María Oviedo, abogada de la CPDH, quien permanece encarcelada e investigada por supuestos delitos contra el Estado. Carmona no descartó que también pueda ser detenido. “Aquí todos estamos expuestos”, advirtió.