Promovida por sus pares, la destitución de José Luis Vargas Valdez como presidente del TEPJF refleja un largo proceso de desencuentros entre magistrados en el que convergen las acusaciones por enriquecimiento inexplicable, una historia profesional destacada en áreas y momentos oscuros, así como su desempeño en el órgano jurisdiccional caracterizado por servir siempre al grupo de poder en turno.
“Crisis constitucional”, según el propio Vargas; “crisis institucional” según el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, en sus referencias del jueves 5, luego de que los desencuentros entre los siete magistrados de la Sala Superior desembocaran en una votación para destituir, en ausencia, a su presidente.
En un contexto recargado de litigios pendientes y con la premura de resolver los relacionados con la elección de diputados federales (entrarán en funciones el 1 de septiembre), la crisis detonó en el análisis de Michoacán, donde un distrito fue anulado y la elección de la gubernatura está impugnada y se perfila la nulidad, a diferencia de otros casos en los que Vargas Valdez intentaba dar carpetazos y ejercía una torpe presión que lo confrontó con la mayoría de sus colegas.
La versión pública del conflicto se expuso el 28 de julio, en medio de una discusión sobre el proyecto de la magistrada Mónica Soto respecto de un tema de paridad de género en la integración del organismo electoral local de Tamaulipas. Asunto menor en la agenda del tribunal que, sin embargo, dio pie al enfrentamiento verbal cuando Vargas Valdez repuso a un dicho de la magistrada Soto, su aliada, sobre un previsible voto a favor de su proyecto, que él no votaba en manada.
Fue Janine Otálora Malassis, a la postre figura central en la rebelión del miércoles 4, quien reclamó a Vargas la expresión, exigiéndole respeto a los pares: “No somos una manada ni integrantes de una manada. Nuestros votos, el mío, el de, me parece, de todos, son votos fundados, son votos independientes”.
DISCULPA INSUFICIENTE
El atisbo de disculpa de Vargas Valdez durante la sesión fue insuficiente y, en la sesión del miércoles 4, fuera del orden del día, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña pidió revisar su desempeño, propuesta que respaldaron los magistrados Janine Otálora, Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante: una mayoría de cinco ante la oposición de Mónica Soto y el propio Vargas Valdez, quien alegó falta de fundamento legal para aceptar la propuesta y suspendió la sesión. Vargas se había quedado prácticamente solo.
Los magistrados electorales exigieron públicamente la reanudación de la sesión.
Hasta donde se sabe, Vargas Valdez no respondió la petición de sus cinco colegas, por lo que Otálora Malassis convocó la reanudación, en su calidad de decana y ante la ausencia injustificada del primero. Atendieron el llamado los cinco mencionados, una mayoría que resolvió la destitución, la designación momentánea de la propia Otálora y la elección de Reyes Rodríguez.
Tres presidentes en un mismo día, con las miradas públicas puestas sobre Vargas Valdez, magistrado polémico por su desempeño en el órgano jurisdiccional, por su trayectoria y especialmente por su riqueza inexplicable y los señalamientos de corrupción, aludidos con insistencia por los propios magistrados, como Otálora.
CONFLICTIVA INTEGRACIÓN
De origen, en 2016 la integración de la Sala Superior del TEPJF fue conflictiva. Los magistrados eligieron en votación dividida a Janine Otálora como su presidenta, pero la tensión fue en aumento, primero durante la sustanciación de las elecciones de gobernador en Coahuila y el Estado de México en 2017, y luego durante el proceso electoral de 2018.
Otálora fue electa presidenta hasta 2020, pero en medio de presiones e intrigas internas decidió renunciar, alegando motivos personales, y le dejó el camino despejado a Felipe Fuentes Barrera.
Este magistrado terminó el periodo de Otálora en noviembre de 2020, pues otra vez hubo desacuerdo sobre su reelección en la presidencia del TEPJF. Para entonces la alineación en dos grupos ya era obvia: por un lado, el propio Fuentes, Soto, De la Mata y Vargas Valdez, que se impusieron el 3 de noviembre con la presidencia para este último, frente a Otálora, Infante y Rodríguez.
La ortodoxia judicial de lavar los trapos sucios en casa se rompió desde entonces en ese tribunal. El choque de grupos ha sido constante, con momentos críticos como el de la última semana de abril, cuando el bloque hasta entonces minoritario hizo público su extrañamiento por las dilaciones a los casos de las candidaturas morenistas en Guerrero y Michoacán, es decir, los sonados casos de Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio. Preámbulo de la crisis, la tensión e inquina en cada sesión fue notoria aun en su desarrollo virtual.
Aunque hasta entonces las resoluciones del TEPJF habían sido favorables al presidente Andrés Manuel López Obrador en temas como la permanencia de su conferencia “mañanera”, o por expresiones sobre los partidos de oposición, tras el retiro de candidaturas a Morón, Salgado y otros 60 candidatos morenistas, el mandatario ha tenido una serie de pronunciamientos, rompiendo también las apariencias que suelen mantenerse entre poderes de la Unión:
El 28 de abril descalificó de plano el papel del tribunal y se pronunció por primera vez por renovarlo, anticipando lo que se volvería un asunto constante en la agenda: impulsar una reforma electoral con miras a renovar tanto el TEPJF como el Instituto Nacional Electoral (INE).
Inicia el conflicto
La versión pública del conflicto se expuso el 28 de julio, en medio de una discusión sobre el proyecto de la magistrada Mónica Soto respecto de un tema de paridad de género en la integración del organismo electoral local de Tamaulipas. Asunto menor en la agenda del tribunal que, sin embargo, dio pie al enfrentamiento verbal cuando Vargas Valdez repuso a un dicho de la magistrada Soto, su aliada, sobre un previsible voto a favor de su proyecto, que él no votaba en manada.
| José Luis Vargas Valdez, presidente del TEPJF.
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