Ciudad de México.-
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó la importancia de analizar el tema del impuesto al comercio electrónico, sobre todo porque es un asunto de interés internacional.
“La posibilidad de establecer un impuesto relacionado con el comercio electrónico es parte de un intenso debate internacional, tanto en el Grupo de los 20, como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluso en la Unión Europea”, precisó.
Indicó que por lo novedoso del tema “nos hemos dado a la tarea de analizar cuidadosamente las prácticas y recomendaciones, para identificar los aspectos que pudiesen enriquecer la propuesta”.
Explicó que el Grupo de los 20 y la OCDE tienen la meta de alcanzar en 2020 una solución a la manera de fiscalizar y atribuir los ingresos que generan operaciones multinacionales, identificando los retos de la digitalización y combatiendo la elusión y la evasión fiscales.
Ramírez Cuéllar señaló que el diálogo para enriquecer la propuesta está abierto, a fin de que, en conjunto, se contribuya al bienestar de la población.
Agregó que en la próxima reunión del Grupo de los 7, que se realizará en Biarritz, Francia, del 24 al 26 de agosto, los países asistentes, en particular Francia y Estados Unidos, abordarán el tema del comercio electrónico.
El legislador propuso analizar las recomendaciones de esos foros y, en su caso, adecuar el planteamiento para México.
El legislador de Morena puntualizó que el Programa de Trabajo para Desarrollar una Solución Consensuada a los Retos Tributarios Originados por la Digitalización de la Economía, de la OCDE, establece algunas propuestas, entre las que destaca dar más potestad tributaria a los países en los que se localiza el mercado o los usuarios finales.
Refirió que el pasado el 11 de julio, el parlamento francés aprobó la implantación de un impuesto de tres por ciento a las empresas digitales con operaciones de más de 750 mil millones de euros en el mundo, y más de 25 mil millones en Francia.
Dicha medida se ha cuestionado, porque se enfoca únicamente en gravar a las grandes empresas del comercio electrónico, lo que se observa como impuestos dirigidos a las compañías estadunidenses.
No obstante, las medidas aplicarán también a empresas de otros países, incluyendo China, Alemania, España y Gran Bretaña.
“Diversos países están en vías de implantar medidas similares, como Reino Unido, que busca aplicar un impuesto de dos por ciento a los servicios digitales prestados por compañías con ingresos de al menos 500 millones de libras esterlinas. Nuestro país no debe quedar rezagado en esa materia”, afirmó.
Ramírez Cuéllar dijo que en México el comercio electrónico ha crecido más de 400 por ciento en los últimos seis años, lo que lo posiciona como uno de los principales mercados en Latinoamérica, pasando del lugar 35 al 19 dentro del ranking mundial.
El legislador refirió que, a nivel internacional, se analizan diversas posibilidades para gravar al comercio electrónico: un impuesto al consumo, un impuesto a la renta, un impuesto especial sobre economía digital o alguna combinación de estas variantes.
En el caso mexicano, la propuesta va encaminada a que los residentes en el extranjero que prestan sus servicios en territorio nacional paguen impuestos por todos los ingresos que reciben de los consumidores mexicanos; por lo que no se estaría estableciendo un impuesto nuevo.
Además, recordó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recomienda a los países de la región realizar esfuerzos legislativos para que los servicios suministrados por empresas no residentes queden alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, al mismo tiempo, diseñar procedimientos administrativos para asegurar una recaudación efectiva.
Finamente, agregó que el organismo regional sugiere, en sintonía con la OCDE, implementar un sistema simplificado para la incorporación de las empresas no residentes al registro de contribuyentes, a fin de que sean las encargadas de declarar y pagar el IVA por los servicios que suministran a los consumidores finales de cada país.