El patrón de secretismo y ocultamiento del Ejército se remonta a casi una década, cuando The Associated Press comenzó a investigar el tema dentro de las fuerzas armadas. Los oficiales lucharon contra la divulgación de la información durante años, y después comenzaron a ofrecer respuestas engañosas que contradicen registros internos.
Las armas militares no se desvanecen. Han sido utilizadas en tiroteos, se han blandido para robar y amenazar a personas, incluidos niños, y han sido recuperadas en manos de los delincuentes. Ladrones vendieron fusiles de asalto a una pandilla callejera.
Los oficiales del Ejército proporcionaron información que sugiere que sólo un par de cientos de armas desaparecieron durante la década de 2010. Memorandos internos del Ejército que obtuvo la AP muestran que las pérdidas son mucho mayores.
Los esfuerzos para suprimir la información datan de 2012, cuando la AP presentó una solicitud a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (FOIA, por sus siglas en inglés) para obtener un registro en el que se supone que los cuatro servicios armados reportan la pérdida o el robo de armas de fuego.
El exmiembro del Ejército que supervisó este registro describió cómo él sacó un informe completo de armas perdidas o robadas, pero se enteró después de que sus superiores bloquearon que se divulgara.
Mientras la AP continuaba presionando para obtener información, incluso a través de impugnaciones legales, el Ejército presentó una lista de armas faltantes que estaba tan claramente incompleta que los oficiales después la rechazaron. Luego reportaron un segundo grupo de registros que tampoco dieron un recuento completo.
El secretismo en torno a un tema delicado se extiende más allá del Ejército. La Fuerza Aérea no pudo proporcionar detalles sobre armas desaparecidas y dijo que las respuestas tendrían que esperar a una solicitud de registros federales que la AP hizo hace un año y cinco meses.
El Departamento de Defensa tampoco ha liberado los registros de pérdidas de armas que recibe de los cuatro servicios armados. Únicamente proporcionó totales aproximados de dos años, mientras la AP analizó lo que sucedió entre 2010 y 2019.
El Pentágono dejó de compartir esta información con el Congreso de manera regular hace años, al parecer en la década de 1990. Funcionarios del Departamento de Defensa dijeron que podían notificar a legisladores en caso de un robo o una pérdida pudiera ser considerada “significativa”, aunque ninguna notificación se había hecho al menos hasta 2017.
El martes, después de que la AP publicó la primera parte de su investigación, el senador demócrata Richard Blumenthal, exigió en una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado que el Pentágono reanude los reportes regulares sobre las armas perdidas. En una declaración escrita enviada a la AP, el Pentágono señaló que “espera continuar trabajando con el Congreso para garantizar una supervisión apropiada”.
Blumenthal también llamó a la secretaria del Ejército, Christine Wormuth, a que su oficina dé a conocer la información con la que cuenta.
“Me complacería saber cómo hemos manejado este problema”, respondió Wormuth. La secretaria se describió a sí misma como “abierta a” un nuevo requisito de presentación de informes y dijo que la cantidad de armas de fuego militares en manos de civiles probablemente sea pequeña.
Los registros deficientes en los vastos sistemas de inventario de las fuerzas armadas significan que las armas perdidas o robadas pueden ser listadas en los registros de propiedad como seguras. Las fallas de seguridad fueron evidentes a todo lo largo de la cadena, hasta las unidades individuales, que han destruido registros, falsificado controles de inventario e ignorado procedimientos.
El general de brigada Duane Miller, el oficial número 2 en temas de aplicación de la ley del Ejército, dijo que cuando un arma desaparece el caso es investigado ampliamente. Señaló que los casos de armas son una pequeña fracción de los más de 10.000 casos de delitos graves que los investigadores del Ejército abren cada año.
“Creo absolutamente que los procedimientos que teníamos en marcha mitigaron que cualquier arma se perdiera o fuera robada”, dijo Miller sobre su propia experiencia como comandante“¿Pero ocurre? Seguro que sí”.
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The Associated Press comenzó a investigar la pérdida y el robo de armas de fuego militares en 2011 con una pregunta sencilla: ¿cuántas armas faltan en todo el Ejército, el Cuerpo de Infantería de Marina, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea?
A la AP se le dijo que la respuesta podía encontrarse en el Registro de Armas Pequeñas y Armamento Ligero del Departamento de Defensa (Department of Defense Small Arms and Light Weapons Registry). Esa base de datos centralizada, que el Ejército supervisa, rastrea el ciclo de vida de rifles, pistolas, escopetas, ametralladoras y más, desde los depósitos de suministros a las armerías de las unidades, en los despliegues militares y hasta que el arma es destruida o vendida.
Sin embargo, obtener datos del Registro requería una solicitud formal a través de la ley de libertad de información.
Esa solicitud, presentada en 2012, llegó a Charles Royal, el empleado civil del Ejército que desde hacía mucho estaba a cargo del registro en el Arsenal Redstone en Alabama.
Royal estaba acostumbrado a las consultas. Las fuerzas de seguridad militares y civiles lo llamaban miles de veces al año cuando buscaban un arma militar o habían recuperado una.
En respuesta a la solicitud de información de la AP, Royal extrajo y verificó los datos sobre armas faltantes. Luego, Royal le mostró los resultados a su jefe, el subcomandante en su departamento.
“Después de recibirlo, dijo: ‘No podemos dejar salir esto así’”, dijo Royal, quien se retiró en 2014, en una entrevista el año pasado.
Su jefe no dijo exactamente por qué, pero Royal comentó que el documento que preparó sobre la pérdida de armas fue ampliamente escudriñado dentro del Ejército.
“Las cifras que íbamos a dar iban a asustar a todos hasta cierto punto”, dijo Royal, no solo porque eran armas de fuego, sino también porque el ejército requiere una supervisión estricta de ellas.
La AP no logró contactar al supervisor de Royal y un portavoz del Ejército no comentó sobre el manejo de la solicitud a través de la ley de libertad de información.
En 2013, el Ejército dijo que no haría público ningún informe. La AP apeló esa decisión, y, cuatro años después, los abogados del Ejército estuvieron de acuerdo en que los informes del Registro deberían hacerse públicos.
No fue sino hasta 2019 que el Ejército publicó un pequeño lote de documentos del Registro. Los documentos mostraron 288 armas de fuego a lo largo de seis años.
Tras trabajar en ella durante años, la respuesta fue claramente insuficiente.
De pie en las estanterías de la biblioteca pública en Decatur, Alabama, Royal revisó las siete páginas impresas de informes que el Ejército eventualmente le dio a la AP.
“Esto no tiene ningún valor”, dijo.
Decía que, en más de un año, el Ejército reportó solo un arma desaparecida, y Royal no lo creía. “De los millones que manejaron, eso está mal”, dijo en una entrevista posterior. La AP apeló por segunda ocasión el nuevo reporte dado.
Los datos ni siquiera eran precisos cuando se comparaban con los informes de investigación criminal del Ejército. Al usar los números de serie únicos que tiene cada arma, la AP identificó 19 armas de fuego faltantes que no estaban en los datos. Eso incluía una ametralladora M240B que una unidad de la Guardia Nacional del Ejército reportó como desaparecida en Wyoming en 2014.
El Ejército no pudo explicar la discrepancia. Así que los periodistas tomaron una ruta distinta e hicieron una nueva solicitud de información, ahora por casos criminales abiertos por investigadores del Ejército.
En respuesta a esa solicitud, el Comando de Investigación Criminal del Ejército proporcionó resúmenes de investigaciones cerradas sobre armas, partes de armamento, explosivos o municiones desaparecidas o robadas.
El vocero del Ejército, el teniente coronel Brandon Kelley, dijo a la AP que las investigaciones cerradas son “la lista más precisa de pérdidas físicas del Ejército”. Pero una vez más, el total de los registros proporcionados fue un claro cálculo inferior: 230 rifles o pistolas faltantes durante la década de 2010.
Los informes no reflejaban varios casos importantes cerrados y excluían otros abiertos, que suelen tomar años en completarse. Eso significaba que las armas que los investigadores trataban de localizar activamente no eran parte del total.
Las dos primeras respuestas del Ejército —288 y 230— se contradicen con un análisis interno, uno que los oficiales inicialmente negaron haber realizado.
Cuando se le preguntó en una entrevista si el Ejército analiza las tendencias de armas perdidas, Miller dijo que no: había datos sobre asesinatos, violaciones y delitos contra la propiedad, pero no el robo o la pérdida de armas.
“No paso mucho tiempo rastreando esos datos”, dijo Miller.
De hecho, en 2019 y 2020, el Ejército distribuyó memorandos internos que describían la pérdida de armas militares como de “la mayor importancia”. Las cifras de faltantes de “armas y componentes de armas sigue igual o ha aumentado” a lo largo de los siete años cubiertos por los memorandos, llamados ALARACT (acrónimo de “All Army Activities”: “todas las actividades del Ejército”).
Un análisis de tendencias en el documento cita el robo y la “negligencia” como los factores más comunes.
Los memorandos contaron 1.303 rifles y pistolas faltantes del 2013 al 2019. Oficiales del Ejército dijeron que un número que no podían especificar fue recuperado. Los datos, que incluyen algunas pérdidas en combate, provinieron de investigaciones criminales e informes de incidentes.
Los memorandos internos no son “un documento acreditado” y no fueron revisados porque no están pensados para hacerse públicos, dijo el vocero del Ejército, Kelley.
Durante el mismo periodo, los informes de investigación que el Ejército dijo que estaban acreditados mostraron 62 rifles o pistolas perdidos o robados.
Los miembros de la división de seguridad física de Miller dijeron que rastreaban los datos de cerca, aunque Miller dijo que él no estaba personalmente al tanto de los memorandos hasta que la AP los llamó a su atención. Dijo que, de haberlo estado, los habría compartido.
“Cuando se pierde un arma, me preocupo. Cuando se pierden 100 armas, me preocupo. Cuando se pierden 500, me preocupo”, dijo Miller en una segunda entrevista.
El Ejército no era el único en ocultar al público detalles de armas faltantes. Si bien el Cuerpo de Infantería de Marina y la Marina de Guerra presentaron información, la Fuerza Aérea se rehusó a presentar datos o discutir tendencias.
“No hay un intento por ocultar”, dijo Kirby, el vocero del Departamento de Defensa. “No hay un intento por obstruir”.