Juan Ramón Collado, conocido como el abogado del poder en México, por tener clientes como el expresidente Enrique Peña Nieto, movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares (107 millones de euros) en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario. El letrado controló en la Banca Privada dAndorra (BPA) durante ese período 24 cuentas donde figuraron como titulares en la mayoría de los casos sociedades radicadas en las Antillas Holandesas. El abogado fue el beneficiario último de las mercantiles.
Las cuentas de Collado fueron congeladas junto a las del resto de clientes de la BPA en 2015, cuando el banco fue cerrado por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos del abogado —85,7 millones de euros en 11 cuentas en el momento del bloqueo— por un supuesto delito de blanqueo de capitales. La investigación se archivó de forma provisional en octubre de 2018 después de que la fiscalía mexicana, entonces bajo el Gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada varios informes en los que exculpaba a Collado.
“Se desprende que [Collado] obtiene ingresos lícitos”, aseguró el ministerio público en la resolución donde decretaba el no ejercicio de la acción penal. El dictamen, firmado por Anahí Marcela Mendoza, y otros informes posteriores que exoneraban a Collado, propiciaron el archivo de la causa judicial en Andorra. La justicia de este país europeo no pudo condenar al letrado porque las autoridades mexicanas no acreditaron el origen ilícito de su dinero, una premisa indispensable para sentenciar por blanqueo.
La figura del no ejercicio de la acción penal fue exactamente la misma que las autoridades mexicanas utilizaron en el caso del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y que permitió el desbloqueo de los fondos y su recuperación por parte de los titulares de la cuenta que este había abierto como representante. También en este caso las autoridades andorranas han expresado su malestar por la actitud de la fiscalía mexicana.
Tras el archivo de la causa de Collado, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB) el organismo que congeló los fondos del abogado, inició un procedimiento administrativo para desbloquear el dinero. El trámite se desarrolló durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, según fuentes de la investigación. Semanas después de que este procedimiento terminara y de que Collado recuperara su capital, el letrado fue detenido el pasado 9 de julio en México por lavado de dinero y delincuencia organizada.
El arresto de Collado ha caído como una bomba entre las autoridades andorranas. Los responsables de las pesquisas se sienten burlados por los informes de México que exculpaban al letrado. Y por la contradicción que, a su entender, supone la reciente detención del abogado por delitos similares por los que fue investigado en Andorra. “La conclusión es que Collado ha perdido la protección que tenía con el anterior presidente”, señala una autoridad andorrana conectada a las pesquisas.
EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con Collado. Su abogado en Andorra dice que se desvinculó del caso tras el archivo de la causa. Y en su despacho de México nadie atiende las llamadas telefónicas.
La mayor parte de los 120 millones que circularon por las cuentas andorranas del letrado se nutrieron de traspasos internos (94,4 millones) de 21 sociedades mexicanas con cuenta en la BPA, según la justicia del principado.
Este hecho contrasta con los planes que Collado comunicó a esta institución financiera al abrir sus cuentas. En el documento conocido como know your customer (conozca a su cliente, en inglés) —una suerte de tercer grado al que somete la entidad a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos— Collado dijo que preveía colocar en Andorra los beneficios de sus empresas: las casas de empeño Prenda Oro y Siglo XXI y su bufete, Collado y Asociados.
Sin embargo, entre las 21 sociedades mexicanas con cuenta en la BPA que traspasaron fondos a Collado aparecen inmobiliarias, constructoras, firmas textiles e informáticas.
El análisis de los movimientos del abogado revela que, a través de transferencias extranjeras, el letrado cobró en Andorra 10,3 millones. El semanario Procesoinformó de que Collado tenía una cuenta en Andorra que fue embargada.
Aviones y propiedades en Miami y AcapulcoTejido mediante sociedades instrumentales, el patrimonio financiero del abogado en Andorra sirvió para avalar préstamos. Con estos créditos, Collado adquirió propiedades en Acapulco y Miami y dos aviones de negocios: un Cessna Citation, por el que en 2010 desembolsó 3,2 millones, y un Bombardier Challenger 601, que compró en 2013 por dos millones y cuyo préstamo avaló a través de su sociedad holandesa Constelation Investments CV, según un informe de la policía de Andorra del 24 de marzo de 2017, que bautiza las pesquisas como Operación Jet.
El letrado no figuró solo en sus cuentas de Andorra. Compartió titularidad en una de ellas con su padre, José Ramón Collado Amieva, que falleció el pasado año.
La policía de Andorra arremetió contra el banco en un informe de marzo de 2017. “Desde la BPA habrían tenido que adoptar medidas de control reforzadas respecto al cliente a tenor de su naturaleza, el tipo de negocio declarado, tanto que las casas de empeño están totalmente expuestas al blanqueo del narcotráfico y otras actividades delictivas por su exposición con personas políticamente expuestas (PEP) del Gobierno mexicano”, indicaron entonces los investigadores.
La etiqueta de PEP se refiere en la jerga financiera a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción. Junto a Peña Nieto, Collado ha defendido al exgobernador de Quintana Roo, el priísta Mario Villanueva, al líder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps y a Raúl Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari.
La investigación sobre Collado en Andorra arrancó a raíz del análisis de las estructuras financieras que Cristina Lozano, una exdirectiva de la BPA, creaba para determinados clientes. El 15 de marzo de 2016 los agentes advirtieron que Lozano, exejecutiva de BPA Serveis, figuró en 2010 como representante de cuatro empresas andorranas cuyo beneficiario último era Collado. Las sociedades ingresaron entre septiembre y diciembre de ese año más de 40 millones de dólares. Lozano fue procesada el pasado septiembre junto con 27 personas en la causa que indaga el saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA a manos de exjerarcas chavistas y la ocultación del botín de la BPA.
La que pasa por ser la mayor red de sobornos de América, Odebrecht; el presunto blanqueador asiático Gao Ping o la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol también eligieron esta institución financiera para supuestamente ocultar su botín.