Una propuesta en consideración del Congreso prohibiría por cinco años toda compra estadounidense de drones manufacturados o ensamblados en China, reflejo de sospechas de que dichos dispositivos -- como los de DJI, que son fabricados en Shenzhen, China -- puedan ser usados por China para espiar la infraestructura norteamericana.
Sin embargo, dicho prohibición podría crearle dificultades a los usuarios ya que DJI es la principal vendedora de los artefactos voladores usados por aficionados, fotógrafos, empresas y gobiernos.
No hay muchas alternativas de precio accesible, estimó Carrick Detweiler, CEO de Drone Amplified, empresa que vende material contra incendios para drones operados por el Departamento del Interior y el Servicio Forestal de Estados Unidos.
“Todos los funcionarios del gobierno federal con quien hablo están dejando de comprarle a DJI, sin importarles si la propuesta es aprobada o no por el Congreso”, añadió Detweiler, quien es también profesor de computación en la Universidad de Nebraska-Lincoln.
“Todos quieren que Estados Unidos tenga un sistema de drones bueno, que funcione, pero la realidad es que Estados Unidos quedó opacado por DJI en cuanto a drones hace una década. Nos tardará tres o cuatro años alcanzarles”, dijo Detweiler.
La prohibición quedaría plasmada en la Ley para la Innovación y la Competitividad, que iba a ser aprobada el viernes antes de ser abruptamente postergada. Si bien la prohibición no entraría en vigencia sino hasta el 2023, muchas agencias federales han suspendido el uso de drones chinos o han empezado, gradualmente, a dejarlos del todo.
Pero la prohibición podría crear otras complicaciones. Por ejemplo, debido a que prohibiría el uso de fondos federales para comprar u operar drones chinos, podría afectar a departamentos policiales que reciben subsidios federales para comprar equipos. El Departamento de Seguridad Nacional empezó a cesar ese tipo de subsidios para drones de fabricación china el año pasado.
El Departamento del Interior reportó haber realizado más de 11.000 vuelos de drones en el 2019 hasta suspenderlos temporalmente a fines de ese año por temor al espionaje. Desde entonces, salvo unas pocas misiones de emergencia, los vuelos han quedado paralizados. En marzo, el gobierno aprobó medidas para facilitar el uso de dichos drones para misiones de rescate o de lucha contra incendios.
Al interior del gobierno la prohibición ha encontrado cierta resistencia de funcionarios deseosos de reanudar sus misiones con drones que no requieren información secreta. Algunas agrupaciones del sector sostienen que cualquier prohibición debe basarse en temores específicos de seguridad y no en el país de origen de los drones.