En las últimas dos semanas la política de protección internacional de México exhibió su doble rasero: mientras el gobierno federal ofrecía la bienvenida a los 391 nacionales de Afganistán que llegaron al país con visas humanitarias, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y soldados de la Guardia Nacional (GN) reprimían con insultos y violencia a cientos de personas centroamericanas, haitianas, venezolanas y de otras nacionalidades que salieron en distintas caravanas en Chiapas.
Así, a la par de que medios internacionales y nacionales celebraban la llegada de los refugiados afganos sanos y salvos a este país, organizaciones de la sociedad civil y agencias de la ONU condenaban las agresiones contra los migrantes, algunos con bebés en brazos, y exigían el cese a la violación de los derechos humanos y del derecho a la protección internacional de las personas migrantes en el sureste.
El 25 de agosto, horas después de darse a conocer el rescate de 24 periodistas afganos que colaboraban con el New York Times y de 100 de sus familiares, el diario neoyorquino publicó un reportaje en el cual Ben Smith, el autor de la nota, preguntó al canciller Marcelo Ebrard Casaubon sobre la diferencia en el trato hacia los refugiados afganos y centroamericanos.
El canciller, al que el presidente Andrés Manuel López Obrador encargó el control de la política migratoria en septiembre de 2019, planteó su intención de “dejar en claro la diferencia entre los migrantes económicos y las personas que buscan refugio y asilo”, sugiriendo que los afganos huyen por sus vidas mientras que las personas de Honduras abandonan su país por razones económicas.
Según Felipe Vargas, director del Servicio Jesuita a Refugiados en México, no existe esta dicotomía, ni en la realidad ni en el marco legal de México: “La diferencia que existe entre una persona refugiada de Afganistán con una persona de Honduras, de facto es ninguna”, sostiene el hombre en entrevista.
INFLUYEN FACTORES
Afirma que los motivos que empujan a las personas a huir de Centroamérica son multifactoriales; incluyen la pobreza sistemática, pero también implican diversas opresiones, violencias y amenazas para sus vidas y las de sus familiares. “Le falta conocer el testimonio de una persona que se pare enfrente, que le vea a los ojos y que le diga por qué sale de su país y por qué viene a ese lugar incómodo, con tantas violaciones a los derechos humanos, a pedir protección y a buscar una nueva vida”, dice.
Ana Saiz, directora de la organización Sin Fronteras, abunda en ese sentido: “Pensar que toda la migración que viene del sur viene sólo por razones económicas es verlo de una manera muy simplista; a lo mejor si le pregunta uno a alguien, dice que es para buscar una vida mejor, pero preguntando un poco más te va a decir que secuestraron a su hermano, que una pandilla quería llevar a su hija o que el gobierno lo está persiguiendo”.
En entrevista con Proceso insiste: “Es muy importante no caer en estas prácticas de discriminación institucional por parte del INM o de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
De hecho, Saiz recalca que existe una práctica de racismo y discriminación sistemática en el INM, el cual actúa de manera “descontrolada”.
HECHOS AISLADOS
Así, se niega a ver como “hechos aislados” los golpes que agentes del INM asestaron a integrantes de la caravana –algunos con bebés en brazos–, como lo han planteado el propio Instituto y López Obrador, pues afirma que las personas afrodescendientes “la pasan muy mal” en los centros de detención migratoria.
Y recuerda que el titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, afirmó un día que deportaría a las personas “hasta la India, hasta Camerún o hasta África”, y abundó: “Así sean de Marte”.
“Es una institución fuera de control, que ya no le hace caso a la CNDH ni al Poder Judicial (…) nosotros venimos documentando estos abusos por mucho tiempo y ya es una situación intolerable, insostenible; vamos a pedir una reunión con el nuevo secretario de Gobernación y le vamos a entregar las evidencias”, abunda.
Masivas expulsiones
Aparte de Quédate en México hay otro candado en la frontera norte, que la hace todavía más hermética para quienes aspiran a pedir protección: el 20 de marzo de 2020, después de declarar la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19, la administración de Trump implementó una nueva modalidad de devolución sistemática de personas a México, invocando el llamado Título 42, sin siquiera iniciar trámites para analizar las solicitudes de refugio de quienes llegan a su frontera.
Al igual que con Quédate en México, la Cancillería aceptó recibir a las personas devueltas en caliente; en sólo un año de aplicación –de marzo de 2020 a marzo de 2021–, más de 530 mil personas fueron retornadas a este lado de la frontera, entre ellas 16 mil menores de edad no acompañados, según reportó Los Angeles Times.
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