Una mujer de Texas viajó casi 1.600 kilómetros (1.000 millas) a Colorado para poder abortar. Otras están conduciendo cuatro horas a Nuevo México. Y en Houston, las clínicas que suelen efectuar más de 100 abortos semanales sólo están realizando unos pocos al día.
Dos semanas después de que la ley sobre el aborto más estricta en Estados Unidos entró en vigor en Texas, nuevos documentos judiciales mostraron el impacto rápido y cada vez más profundo de la prohibición casi total al aborto en el estado. Un juez federal convocó el miércoles a una audiencia para el 1 de octubre en torno a los intentos del gobierno del presidente Joe Biden para bloquear la ley conocida como SB8.
Una red de clínicas en Texas, que llevó a cabo más de 9.000 abortos en 2020, dijo que hasta ahora le ha negado el servicio a más de 100 pacientes.
“Desde que la SB8 entró en vigor el 1 de septiembre, ha ocurrido exactamente lo que temíamos”, declaró Melaney Linton, presidenta de Planned Parenthood en la costa del Golfo de México, en un documento judicial.
La ley prohíbe interrumpir el embarazo una vez que los profesionales de salud puedan detectar actividad cardiaca en el embrión, lo cual ocurre normalmente alrededor de la sexta semana de gestación y antes de que algunas mujeres sepan que están embarazadas. La ley deja en manos de los ciudadanos su propia aplicación, ya que están autorizados a interponer demandas civiles contra los proveedores de servicios de aborto, así como contra otras personas que ayuden a una mujer a interrumpir su embarazo en Texas.
En los 10 días posteriores a que la ley entrara en vigor, las clínicas de Planned Parenthood en Houston tenían a 63 pacientes programadas para un aborto, muchas menos que las aproximadamente 25 que normalmente acudirían por uno en un solo día, dijo Linton. Once de esas pacientes no pudieron lograr que les realizaran un aborto porque se detectó actividad cardiaca embrionaria durante su cita médica.