Con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) acceder de manera directa a créditos de vivienda o de compra de terreno con fines habitacionales.
La reforma fue avalada con 463 votos a favor, uno en contra de la panista Silvia Garza Galván y cero abstenciones.
El dictamen enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 6 de octubre fue enviado al Senado para los efectos constitucionales que correspondan.
El documento establece que el trabajador tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada con las características de su preferencia, o el suelo que sea destinado para construcción, reparación o ampliación de vivienda a los que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda.
Se precisa que previo a ejercer su crédito de vivienda, el empleado afiliado al IMSS o al ISSSTE tendrá derecho a recibir información suficiente sobre las condiciones jurídicas y financieras del mismo, así como recibir directamente y sin intermediarios el crédito mencionado.
El dictamen destaca que el Instituto establecerá las condiciones para garantizar la libre elección del financiamiento que mejor convenga a los intereses del trabajador.
En el caso de que el derechohabiente aplique su crédito para la adquisición de suelo destinado para la construcción de su vivienda, estará sujeto a las condiciones que determine la Comisión Ejecutiva, en apego a las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamento.
En la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Vivienda, Carlos Torres Piña, de Morena, mencionó que la reforma permitirá que miles de trabajadores y sus familias tengan acceso a la justicia, sobre todo a una vivienda económica y suficiente, pues “muchos sufren la falta de una casa, ya sea porque rentan o viven hacinados con algún familiar”.
Los cambios, dijo, tienen un alto contenido social, porque permiten a los trabajadores resolver una cuestión fundamental de sus vidas, ya que la vivienda se convierte en una condición de supervivencia y desarrollo en términos de autonomía e independencia.
En información contenida en el dictamen se detalla que en 2018 había 1.6 millones de personas a nivel nacional que reportaban estar viviendo en hacinamiento y no contaban con agua entubada dentro de su vivienda.
A su vez, 14. 8 millones de mexicanos habitan en viviendas con espacios reducidos y construidas con materiales endebles y de mala calidad, mientras que 23.7 millones de personas no cuentan con los servicios básicos de la vivienda.