PACHUCA, Hgo. (proceso.com.mx).– Familiares de las víctimas de la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan denunciaron a la aseguradora Mapfre para hacer válidas las indemnizaciones por más de mil millones de pesos, así como una sanción por no liberar recursos de un seguro contratado por la empresa petrolera que, aseguran, debió ser efectivo desde el momento del estallido.
A Mapfre, Petróleos Mexicanos le pagó 560 millones de dólares por la póliza de un seguro cuya cobertura alcanza la responsabilidad civil; sin embargo, la aseguradora resolvió que la culpa del siniestro era de las víctimas y Pemex aceptó un dictamen presentado por la empresa, con el cual no la comprometía a liberar los recursos.
En la zona cero, donde el incendio del ducto ordeñado provocó la muerte de 137 personas el 18 de enero de 2019, el abogado Miguel Trujillo ofreció una conferencia de prensa en la que informó que el 11 de febrero presentaron la demanda colectiva contra Mapfre Tepeyac S.A., en la cual solicitan la indemnización por muerte y la responsabilidad civil por los trabajos que tiene la paraestatal.
Esta demanda asciende a mil 100 millones de dólares, que, precisó, buscan repartir entre los deudos, entre los que quedaron 179 menores en orfandad.
Asimismo, solicitan que se imponga una pena “ejemplar” a la aseguradora por mil 284 millones de euros, que, especificó, corresponde aproximadamente al diez por ciento de su capital, debido a que no liberó el dinero aun cuando tenía un contrato con Pemex con una vigencia de junio de 2017 a junio de 2019 que, de acuerdo con el litigante, abarcaba un suceso como el de Tlahualipan,
“Tenían la cobertura de la responsabilidad civil y de los trabajos que tenía Pemex en cada una de sus refinerías”, afirmó Trujillo, quien consideró que el estallido en la localidad de San Primitivo, donde las personas extraían aditivo para gasolinas antes del siniestro, debía entrar en la póliza del seguro.
El abogado señaló que lo que buscan las familias es la intervención de la justicia federal para que sean remuneradas con ese bien, ya que, especificó, el seguro abarcaba la hospitalización inmediata de las víctimas a cualquier nosocomio, fuera privado o público, así como el transporte inmediato, por cualquier vía, para que recibieran la atención médica necesaria con el fin de salvar sus vidas.
“Ese contrato siempre fue ocultado por Pemex y por la aseguradora. Ese contrato, que no nos quisieron dar a conocer, estipulaba, entre los derechos de las víctimas, que tenían la oportunidad ser hospitalizados en los mejores hospitales, no nada más de la República, sino de todo el mundo”, expuso.
Planteó que si este accidente hubiera sucedido en Estados Unidos o Europa las aseguradoras inmediatamente habrían estado al tanto de quienes resultaran lesionados por la conflagración y, con ello, cree que se habrían salvado más vidas.
Trujillo consideró que Mapfre, una firma internacional, al estar en México “nos trata como país del tercer mundo”, en lo relativo al caso Tlahuelilpan, pero que cuentan con elementos para que se les haga justicia.
Proceso (edición 2299) adelantó que el viernes 6 de noviembre el Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer circuito resolvió que las víctimas tienen legitimidad jurídica para reclamar a la aseguradora de origen español, y ordenó reponer el proceso a las instancias que en 2019 desecharon esta “acción colectiva”.
Aquel 18 de enero murieron 69 personas y, después, 68 víctimas más, algunos en los traslados y otros en hospitales.
En el predio donde explotó el ducto que transportaba componente MTB, un aditivo para gasolinas, las familias han erigido mausoleos a la memoria quienes fallecieron.
Tras los decesos se perdió el sustento de hogares y la situación se agravó con la pandemia, aseguran los deudos. Con el dinero, añadió el abogado, buscan resarcir las carencias profundas que quedaron en la región, para ayudar a las familias.