XALAPA, Ver.
Al interior del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, un organismo creado en 2017 para combatir la corrupción, se detectaron graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos y hasta anomalías fiscales y laborales.
A través de diversas auditorías practicadas al organismo, cuyo presidente hasta hace una semana era Sergio Vázquez Jiménez, se encontraron violaciones a distintas leyes locales y un mal uso de dinero público durante el ejercicio fiscal del 2018.
Documentos que integran el pliego de observaciones de la Cuenta Pública del 2018, entregados a una docena de servidores públicos, se descubrió que funcionarios de dicho sistema asignaron de manera ilegal un contrato en una licitación pública.
Además, Sergio Vázquez Jiménez, Alma Delia Hernández Sánchez, Mercedes Santoyo Domínguez y José Emilio Cárdenas Escobozalos, integrantes del organismo, recibieron pagos por sus servicios sin que hubiera un contrato de por medio ni comprobaciones de sus actividades.
Los auditores encontraron que se dejaron de pagar impuestos federales y estatales, contrataron personal sin pagarles seguro social y reclasificaron de manera ilegal puestos para que pudieran ganar más salario mensual.
--La corrupción en la Anticorrupción
Los auditores del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) no lograron localizar las altas y bajas de las firmas del personal que manejó recursos de las cuentas número 592054315 y 592054306 del Banco Mercantil del Norte, ni las fianzas a favor del gobierno estatal mediante, las cuales se caucionara debidamente el manejo de los recursos.
Durante dos meses del año pasado (octubre y noviembre) hubo saldos distintos entre el estado de cuenta bancario y la cuenta contable de bancos; además, no hubo conciliaciones bancarias en el mes de septiembre.
Se careció de evidencia que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción haya realizado movimientos globales de entradas y salidas en la cuenta del almacén y el cierre del inventario físico presentó irregularidades.
Una de las anomalías más graves se trató de la licitación simplificada número LS-010056-001-18 para la adquisición de bienes informáticos por un millón 259 mil pesos compuesta por 20 partidas, cuyo contrato fue asignado a la empresa "Grupo Informático de Xalapa" y pagado con la referencia número 281218 de la cuenta Banorte 0592054306.
Los especialistas encontraron que no fue evaluada una de las partidas que omitió la empresa, ya que no hubo forma de asegurar las mejores condiciones de precio, calidad y tiempo de entrega, además de que dicha adjudicaciones se realizaron a margen de las disposiciones normativas aplicables.
Al abrir el resto de las propuestas se detectó que el proveedor que verdaderamente cumplía con las especificaciones técnicas era "Alejandro Amaro Rodríguez", quien quedó fuera del contrato y finalmente la empresa ganadora incumplió con colocación en tiempo y forma de 48 nodos de Red para Voz y Datos.
Los cuatro integrantes del sistema recibieron por honorarios en un periodo de siete meses un total de 2 millones 144 mil pesos sin que se hayan autorizado condiciones contractuales o términos por los servicios pagados.
En octubre del 2018 cada uno recibió un pago por 306 mil 415 pesos, correspondiente a su salario de junio a septiembre. En noviembre, diciembre y enero de 2019 recibieron pagos cada mes por 76 mil 603 pesos sin que se hayan autorizado las condiciones contractuales o términos para la suscripción de dichos contratos, ni tampoco informes de las actividades desarrolladas por los servidores públicos.
Tampoco elaboraron un Programa Anual de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2018, por lo que no existió un instrumento normativo que regulara la compra de diversos bienes e inmuebles por 2 millones 173 mil pesos.
La Secretaría Ejecutiva del sistema asignó un sueldo superior al que correspondía a dos áreas: Jefe de Área y Analista Especializado, éste último que debería ganar 17 mil 444 mensuales y recibió 20 mil pesos.
Omitieron el pago de impuestos federales y estatales, como el Impuesto Sobre la Renta por salarios y el 3% sobre la Nómina, que derivaría en créditos fiscales; no se encontraron evidencia que hayan realizado acciones para liquidar o depurar adeudos por 599 mil pesos por adquisiciones de bienes, pago del Impuesto Sobre la Renta y cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Se encontró que se pagó de manera ilegal al secretario ejecutivo del sistema, Martín Quintano Martínez la cantidad de 55 mil pesos por concepto de servicios profesionales, cuando dos meses antes ya había sido nombrado en el cargo.
A los trabajadores de dicho sistema se les pagó su salario “como gratificación extraordinaria”, lo que generó que no hubiera registros contables de la relación laboral y dieron de alta a sus empleados por medio de un marco normativo de la Secretaría de Finanzas y Planeación cuando debió ser bajo la Ley Estatal del Servicio Civil de Carrera.
Y se detectó que durante ese año los trabajadores no fueron incorporados a algún régimen de Seguridad y Servicios Sociales y que las erogaciones relacionadas a los trabajadores por concepto de nómina carecían de sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.