CIUDAD DE MÉXICO
Organizaciones sociales y personas afectadas por el desplazamiento forzado en los estados de Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Sonora y Michoacán, anunciaron la conformación de un frente común para exigir al Estado mexicano el reconocimiento de la condición de víctimas, el retorno seguro a sus comunidades o la reubicación que les garantice una vida digna.
En conferencia de prensa, representantes de víctimas de desplazamiento forzado de varias entidades informaron que, desde septiembre pasado, con el acompañamiento de organizaciones civiles, acordaron articularse para exigir de manera conjunta que se legisle y reglamente en la materia, a fin de que se tipifique como delito el desplazamiento forzado y se reconozca a miles de personas la calidad de víctimas, para tener acceso a los beneficios de la Ley General de Víctimas.
Teodomira Rosales Sierra, coordinadora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, con sede en Chilapa, Guerrero, señaló que la violencia generada por la delincuencia organizada ha orillado a unas 25 mil personas de la sierra a desplazarse forzadamente, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta a sus exigencias de retorno seguro o reubicación.
La defensora denunció que desde hace 42 días, decenas de personas desplazadas desde noviembre de 2018 han permanecido en un plantón en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), sin que las autoridades les den respuesta.
“Gobiernos vienen y van y es lo mismo. ¿Quién dijo que este nuevo gobierno sería diferente? ¿Dónde está el cambio verdadero? Nos han dejado solos, seguimos esperando una solución verdadera y el fin de la impunidad, por eso decidimos formar una comisión a nivel nacional de desplazados, a ver si así nos escuchan”, reclamó Rosales Sierra.
La defensora explicó que las autoridades han pretextado la inexistencia del delito de desplazamiento forzado para considerar la aplicación de la Ley General de Víctimas a favor de miles de personas.
Sin embargo, apuntó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene la facultad de reconocer la calidad de víctimas de las personas afectadas, a través de una recomendación dirigida a autoridades de los tres niveles de gobierno, para que se les dé atención en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Tras señalar que la CNDH, la Segob y la CEAV tienen información de la situación de desplazamiento forzado en el país, sin atender el problema, Rosales Sierra resaltó que con sus omisiones el Estado mexicano incumple tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Durante la conferencia de prensa compartieron sus testimonios víctimas de desplazamiento de los municipios de Zitlala y Leonardo Bravo, Guerrero; Ocosingo, Chiapas; de la región de Maya Balam, en Quintana Roo, y de Monterde, Chihuahua
Jeremías Mateo Juan, de Quintana Roo, destacó que en las reuniones para crear una coordinación nacional se estableció que las construcciones como el Corredor Interoceánico, los proyectos mineros, el Tren Maya, los parques fotovoltaicos, solares y eólicos, el avance del crimen organizado y las disputas de grupos de poder “están agudizando el desplazamiento forzado, mientras que los que alzamos la voz o somos críticos nos criminalizan, somos perseguidos o asesinados”.
Para los desplazados, agregó, la expulsión de sus comunidades ha generado el “desarraigo a usos y costumbres; la pérdida de identidad nos ha hecho más vulnerables a los problemas de salud por la mala alimentación, mientras que nuestros derechos humanos se ven pisoteados”
Joaquina Cantor Gasparillo, de Zitlala, recordó que el 3 de noviembre de 2018, decenas de habitantes tuvieron que salir huyendo de las comunidades por la violencia generada por miembros del crimen organizado que “estaban jalando a los niños para que trabajaran con ellos y no en las escuelas; muchas personas fueron asesinadas y secuestradas”.
Cantor Gasparillo denunció que los desplazados se vieron obligados a llegar a la Ciudad de México para exigir la reubicación o el retorno seguro, y el 28 de diciembre ese año fueron reprimidos sin recibir respuesta, mientras que “muchos compañeros están enfermos y muchos se murieron por la desesperación de que no pueden regresar a sus pueblos”.
Mateo Moreno Pineda, representante de personas de Leonardo Bravo, desplazadas el 11 de noviembre de 2018, reprochó el abandono de las autoridades que han “validado el despojo de nuestras tierras a manos de criminales”, por lo que llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Pineda a hacer “suyo el problema”, y a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, a reconocer su calidad de víctimas.
Julián Méndez Córdova, de Ocosingo, Chiapas, destacó que el desplazamiento forzado en la entidad se mantiene desde hace décadas sin que haya respuesta, por lo que pidió a las autoridades atender esta situación, ya que “cada vez hay más desplazados en los municipios”, por la acción del crimen organizado y la impunidad.
“No hay políticas públicas para atender los problemas de empleo, vivienda, educación, salud y alimentación en condiciones dignas”, dijo, y señaló que en los estados de Chiapas y Guerrero se aprobaron leyes sobre desplazamiento forzado, pero sin reglamento, lo que impide su aplicación.
Marcelo Soto, de Monterde, Chihuahua, destacó que en la región de la sierra han ocurrido desplazamientos forzados desde 2014, expulsados por la violencia del crimen organizado, los talamontes y empresas mineras.
Denunció que han sido criminalizados, pero no han tenido respuestas a sus demandas de investigación de homicidios y desapariciones, ni mucho menos a las exigencias de retorno seguro o reasentamiento, garantizando “condiciones dignas de seguridad”.
Soto señaló que hace tres años la comunidad tramitó una queja ante la CNDH y han presentado al menos dos amparos sin tener respuesta.
Teodomira Rosales Sierra invitó a desplazados de otros estados a sumarse a la coordinación nacional, “porque solamente unidos vamos a avanzar, uniendo fuerzas, alzando la voz para defender nuestros derechos”.