La estrategia de David Penchyna para reducir la cartera vencida del Infonavit fue priorizar la recuperación de viviendas vía cobranza administrativa.
Según respondió el instituto a una solicitud de información realizada para este reportaje, durante su administración, entre 2016 y 2018, la institución pagó 17 mil 112 millones de pesos a despachos de cobranza por concepto de recuperación de vivienda. Ese monto contrasta con los 2 mil 681.5 millones de pesos que pagó entre 2019 y junio de 2021, ya en la gestión de Carlos Martínez: 85% menos.
Los datos del Infonavit muestran que la de Penchyna resultó una estrategia fallida: en 2016, su primer año como director, el Infonavit recuperó 16 mil 973 viviendas de más de 50 mil que tenía proyectadas. Al año siguiente preveía rescatar 48 mil 305 casas, pero sólo logró una quinta parte: 9 mil 152. En 2018 recuperó 11 mil 514 viviendas, cuando lo trazado eran 53 mil 385. La cartera vencida del Infonavit no sólo no disminuyó, sino que siguió aumentando.
Cuando comenzó el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cartera vencida del instituto apenas superaba los 59 millones de pesos. Para 2018, último año del priista en la Presidencia y de Penchyna en el Infonavit, rebasó los 106.6 millones. Y en lo que va del sexenio de López Obrador ha crecido más del doble, hasta alcanzar 272.6 millones de pesos en 2021.
En total, durante el periodo 2014-2021 el Infonavit ha desembolsado más de 27 mil 723 millones de pesos en pagos a despachos de cobranza. Esa cantidad supera el presupuesto total ejercido en 2020 por estados como Zacatecas, Campeche, Yucatán o Quintana Roo.
De acuerdo con los contratos con los despachos de cobranza, su pago dependía de los avances en los juicios para recuperar las viviendas.
Esa cláusula buscaba incentivar que las firmas apresuraran los procesos, pero en la práctica propició un entramado de corrupción que involucraba a personal del Infonavit, despachos de cobranza, notarios, jueces, magistrados y otros miembros del Poder judicial de Nayarit y Coahuila.
Carlos Martínez, actual director del instituto, ha declarado que el fraude pudo haber afectado entre 60 mil y 130 mil derechohabientes.
Los primeros casos de fraude a acreditados de Ciudad Juárez se hicieron públicos en enero de 2017, aún con Penchyna al frente del Infonavit. Mediante juicios masivos alejados del debido proceso, autoridades judiciales locales de Nayarit y Coahuila les quitaban la propiedad de sus viviendas y se las devolvían al instituto. Actualmente seis jueces y 12 secretarios de acuerdo del Poder Judicial de Coahuila están suspendidos y vinculados a proceso. Lo mismo el oficial de Partes del Centro de Justicia de Torreón, que asignaba la mayoría de los casos relacionados con recuperación de viviendas a los jueces hoy suspendidos.
RELACIONADO CON ESCÁNDALO
Al magistrado en retiro Jesús Gerardo Sotomayor Garza se le relacionó con el escándalo, pero no se le ha vinculado con el proceso. En 2015, el entonces gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, cercano a Penchyna, logró la aprobación de una iniciativa que eliminaba la edad límite de 70 años para ser magistrado del Poder Judicial, lo que permitió a Sotomayor seguir en el cargo hasta 2019, rebasada esa edad.
En Nayarit, el exmagistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Pedro Enrique Soto, permanece en prisión, procesado por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, contra la administración, falsificación de documentos y fraude, todos en perjuicio de los derechohabientes del Infonavit.
Según el equipo de Penchyna, un año después de aprobado el PMH, Telra no comprobó que la plataforma informática funcionara, no se había creado el fideicomiso y había iniciado una campaña publicitaria aunque el programa no estaba listo para operar.
Rafael Zaga confirmó que la empresa gastó 160 millones de pesos entre una campaña de difusión, software e inteligencia, incluyendo “dos spots por 8 millones, uno de ellos con Adrián Uribe”.
Penchyna también acusó que a petición de Tinajero Zenil se modificaron los convenios que dieron a Telra acceso total a las bases de datos del Infonavit; los documentos –comprobó este equipo– pasaron por el Comité de Transparencia y la Subdirección Jurídica del Infonavit.