El pasado 27 de julio, tras la eliminación definitiva del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el embate de los huracanes Grace y Nora –con daños considerables en las costas del Golfo de México y del Océano Pacífico, respectivamente– pone a prueba la adecuada asignación de recursos federales para la atención de las poblaciones afectadas, bajo un esquema que no ha acabado de nacer. Ante la urgencia de ayuda, lo que prevalece es la incertidumbre.
Si bien el 13 de agosto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió los “Lineamientos de Operación Específicos para atender los daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores”, lo cierto es que aún no se cuenta con la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil. Si bien la Cámara de Diputados ya aprobó una minuta al respecto, ésta se encuentra atorada en el Senado desde diciembre.
Ese proyecto de nueva legislación, cuya entrada en vigor abrogaría la Ley General de Protección Civil vigente, considera en su capítulo X la creación de los programas de Gestión del Riesgo de Desastres y Protección Civil, y de Administración y Transferencia del Riesgo de Desastres, con los que, según la comisión dictaminadora, se subsanará la extinción de los fideicomisos del Fonden y del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.
Saldo trágico
Mientras, con un saldo de 12 personas fallecidas (ocho en Veracruz, tres en Puebla y una en Jalisco) y una desaparecida (en Jalisco), así como daños todavía sin calcular totalmente en viviendas, infraestructura, carreteras y superficies agrícolas, habitantes de poblaciones afectadas en casi una decena de entidades del país se encuentran en espera de la ayuda.