“El bosque no se vende, se ama y se defiende! Asta la victoria siempre!”. Así cerró el mensaje que colocó el 27 de octubre en su cuenta de Facebook Irma Galindo sin saber que sería la última prueba de vida de la activista de derechos humanos y defensora de los bosques del estado sureño de Oaxaca, en México, que permanece desaparecida desde esa fecha.
A tres semanas de su última comunicación, organizaciones humanitarias y personas de su entorno no han logrado obtener alguna pista sobre el paradero de Galindo, una indígena de la etnia mixteca de 41 años, mientras su caso permanece en el limbo sin que ninguna autoridad inicie su búsqueda, afirmó Aurora de la Riva, codirectora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México.
Desde hace más de una década, Galindo se ha dedicado a defender de la tala ilegal los bosques en el municipio de San Esteban Atatlahuca en Oaxaca. Debido a su activismo, en 2018 comenzó a enfrentar amenazas y un año después su casa fue incendiada junto otras viviendas en su localidad, lo que la obligó a esconderse por un tiempo.
La alerta de la desaparición de Galindo se realizó el 9 de noviembre por la Fiscalía General de Oaxaca, aunque la activista se reportó por última vez desde Ciudad de México, a donde viajó para participar a finales de octubre en una audiencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a la que nunca llegó. La activista también acudió el 25 de octubre a una protesta en el Zócalo capitalino que se realizó a favor de las comunidades desplazadas de San Esteban Atatlahuca.
El proceso de traslado del caso de Galindo desde Oaxaca a la Fiscalía General de la capital mexicana ha demorado el inicio de las investigaciones, indicó a la AP el Ministerio Publico de Oaxaca, que precisó que “la búsqueda no se ha realizado por protocolo porque (en) las declaraciones, la última ubicación la localizan (a la activista) en la Ciudad de México”
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca exhortó desde el 10 de noviembre a las autoridades de la entidad a buscar en los reclusorios, comandancias policiales y centros de salud a Galindo, quien está bajo mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, pero hasta la fecha no se ha adelantado ninguna acción.
“Ya van 22, 23 días que Irma lleva desaparecida y no hay autoridad que diga yo la voy a buscar, pese a que están notificados”, señaló de la Riva, y agregó que la incertidumbre que hay sobre donde se radica el caso “está repercutiendo de manera muy grave en términos de las acciones que ya deberían de estar realizándose para su pronta localización”.
La activista dijo a la AP que la “inacción” que se ha dado el caso de Galindo es una muestra del “patrón” que se sigue en muchos procesos en México para el manejo de las denuncias de las personas desaparecidas, situación que ha sido reportada por varias organizaciones humanitarias locales y colectivos de familiares que han aprovechado la primera visita que está realizando al país una misión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (conocido como CED por sus siglas en inglés) para reportar las deficiencias en los procesos de búsqueda.
Algunas organizaciones humanitarias y activistas sostienen que las fallas en los procesos de búsqueda es una de las razones, además de la violencia que golpea al país, que han contribuido a que México acumule hasta la fecha más de 94.000 desaparecidos, según cifras oficiales.