Desafía Laredo la política de Trump

Laredo, Tx.- En un franco desafío a la política de Donald Trump, de manera unánime, el cabildo de Laredo votó ayer a favor de unirse a una demanda contra el Estado de Texas por la aprobación de la Ley SB4 que permitirá a agentes policiacos locales hacer funciones de inmigración. La propuesta del regidor Roberto Balli fue apoyada por todo el cabildo, mientras el alcalde Pete Sáenz, quien estaba fuera de la ciudad, pidió votar a favor de una resolución o de un amparo, pero no de una demanda ante el riesgo de perder millones de dólares en fondos. Sin embargo, el cabildo decidió unirse a la demanda que encabeza el poblado de El Cenizo, Texas, con el apoyo de la organización LULAC nacional y del condado de Maverick, que fueron los que presentaron la acción legal civil en una Corte federal en San Antonio, Texas. Balli hizo la propuesta y de inmediato fue respaldada por los también ediles Nelly Vielma, Alberto Torres, Rudy González, Vidal Rodríguez, George Altgelt, Charlie San Miguel y por Álex Pérez como alcalde suplente ante la ausencia de Sáenz. Hace un mes el diputado estatal Richard Peña Raymond, el presidente nacional de LULAC Roger Rocha y el alcalde de El Cenizo, Raúl Reyes, pidieron al gobierno de Laredo y a la Corte de Comisionados de Webb unirse a la demanda federal. Ellos indicaron que sin importar si se pierden fondos federales, lo importante es hacer lo correcto porque esta ley aprobada por el Congreso de Texas en mayo, es discriminatoria y atenta contra los derechos civiles de los hispanos. “Este es buen momento para unirse a la demanda con el objetivo de detener su aplicación a partir del 1 de septiembre, es una ley discriminatoria que debemos frenar. “En Laredo el 95% de la población es hispana, esto no se trata de partidos políticos sino del legado que les dejamos a nuestros hijos y futuras generaciones de que los pueden detener en Texas bajo la sospecha de ser ilegales”, dijo la regidora Nelly Vielma, quien además es una abogada especialista en derecho migratorio. La ley fue aprobada por mayoría republicana en mayo de este año pese a la oposición de senadores y diputados demócratas. El gobernador Greg Abbott la firmó para convertirla en ley con el objetivo de ponerla en vigor a partir del 1 de septiembre.