LONDRES — Es la cifra más alta de muertes en defensa de recursos contra la explotación ambiental desde que el grupo Global Witness comenzó a recabar esa cifra en el 2012. Casi una tercera parte de los fallecimientos estuvieron vinculados con proyectos grandes como represas, extracción minera y tala de árboles.
“Queda evidente que la explotación y la avaricia causantes de la crisis climática es también causante de la violencia contra quienes defienden sus tierras y recursos ambientales”, declaró Global Witness.
Todas menos una de las muertes ocurrieron en países en desarrollo del Hemisferio Sur donde las autoridades no han tomado las medidas necesarias contra la industrial la minería y la tala de árboles, denunció la agrupación.
Añadió que más de la mitad de estos fallecimientos ocurrieron en apenas tres países: Colombia, México y las Filipinas.
Colombia tuvo por segundo año consecutivo la mayor cantidad de este tipo de muertes, con 65. México tuvo 30 y las Filipinas 29.
Las conclusiones de Global Witness son lamentables pero eran de esperarse, estimó Mary Lawlor, experta de la ONU en temas de derechos humanos y quien ha realizado investigaciones similares.
“La corrupción en los sistemas judiciales deja impune a los gobiernos y corporaciones responsables de estas muertes, y muy rara vez los culpables son llevados a justicia”, declaró Lawlor a la AP.
“Hasta que exista la voluntad política para poner fin a estas muertes, hasta que no cese esta corrupción, lo más probable es que seguirán las matanzas de activistas de derechos humanos incluyendo las de activistas de los derechos ambientales”, añadió.