La Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI) presentó este lunes un informe que revela la persistencia de abusos sexuales y pornografía infantil detectados en 18 escuelas, en agravio de decenas de infantes de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca, casos registrados por la organización de 2008 a 2018 y que hasta el momento se mantienen en la impunidad.
De acuerdo al informe “Es un secreto. La explotación sexual en escuelas”, la organización denuncia que en 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó con una declaratoria de no ejercicio de acción penal la posibilidad de investigar la trama criminal detrás de la querella presentada por “probables delitos de pornografía infantil cometidos en escuelas”, sustentada por la ODI y por los denunciantes solidarios Lucia Serevitje Montull, María Azuela Gómez, Lydia Cacho Ribeiro, Manuel Gil Antón y Juan Martín Pérez García.
La decisión de la organización de sistematizar los casos registrados y presentarlos en conjunto en una denuncia de manera que “servirían simplemente como indicios del posible delito a investigar”, se debe a que durante años la estrategia de la “fragmentación de casos” de las instancias de procuración de justicia estatales y federal, lo que ha permitido es perpetuar la impunidad.
“Tras múltiples piruetas de procedencia, finalmente se logró iniciar una carpeta de investigación bajo el nuevo sistema penal. La respuesta de la FGR fue negar a las y los denunciantes acceso a la carpeta dado que ninguna era una víctima material de los hechos denunciados”, sin tomarse en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas, explicó la ODI en el documento.
AGOTADA INVESTIGACIÓN
Pese a las pruebas mostradas, en las que se evidenciaban patrones que apuntaban a bandas organizadas, que podrían tener ramificaciones a nivel internacional, dedicadas a la pornografía infantil el Ministerio Público federal consideró “agotada la investigación”, que en los hechos consistió en cuatro oficios, “no realizó una sola acción de investigación seria antes de determinar el no ejercicio de la acción penal y cerrar el expediente”.
La organización detalló que impugnó ante un juez de control, José Alberto Torres Villanueva, “tanto la negativa de reconocer a los denunciantes como víctimas como la decisión de cerrar la investigación”, negando a la organización “la calidad de víctima y no se discutió sobre la seriedad de la investigación realizada”.
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