Monterrey, N.L.
Los residentes del Ejido El Carrizo, en el municipio rural de Los Ramones, no pueden olvidar los estragos que provocó en sus casas la extracción de gas shale a través del método del fracking.
La fractura hidráulica en el subsuelo practicada hace unos seis años en estas latitudes, ocasionó cuarteaduras en sus viviendas. Las grietas todavía se ven en las casas alrededor de la plaza principal.
En esas calles sin nombre, los domicilios sin número presentan las fisuras que ocasionaron los reacomodos de la tierra ocasionados por la inyección de millones de litros para romper las piedras denominadas lutitas, de las que se extrae el combustible. Los violentos movimientos sísmicos provocaron, en algunos, espanto y temor.
Minerva González Morales recuerda con agonía aquellos días: “Todo dentro de la casa se movía, como si se nos fuera a caer. Las paredes se cuartearon y luego nade vino a reparar nada. Nadie dijo ni una palabra”.
Ahora, un grupo de activistas abrió la puerta para que el gobierno de México indemnice a los afectados por los daños que ha ocasionado la explotación del fracking en Nuevo León.
El secretariado de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), que firmaron Canadá, Estados Unidos y México, como parte del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) aceptó, el pasado 8 de mayo, la petición de investigación mediante la que los quejosos mexicanos alegan que el gobierno federal mexicano violó la legislación en materia ecológica, cuando Petróleos Mexicanos aplicó el método de extracción de combustible a través de la fracturación hidráulica.
La instancia, que recibe quejas de ciudadanos que alegan incumplimiento de sus países de la legislación ambiental, señala que hay materia para que se apliquen disposiciones debido a la responsabilidad por daños al medio ambiente, calidad del agua y por el impacto ambiental. Piden el restablecimiento de medidas de seguridad
El biólogo Antonio Hernández, activista que asesora a los inconformes, señala que el reconocimiento del organismo trilateral ayudará a que, en lo inmediato, el gobierno mexicano responda los señalamientos que se les han presentado por las afectaciones que ocasión esta práctica que se ha mantenido, permanentemente, en la opacidad.
Ahora, con el respaldo de la posible recomendación de la CCA puede iniciar un proceso jurídico mediante el cual Pemex repare los daños a los propietarios de inmuebles que fueron afectados por las prácticas de la fracturación, pues nadie se responsabilizó por aquellos estropicios ocasionados en por lo menos 45 casas tan solo de Los Ramones, 80 kilómetros al nororiente de la capital.
“Lo que se está buscando es contar con información para demandar al gobierno mexicano la reparación del daño. Estamos pensando en Petróleos Mexicanos, que fue la que operó los pozos oficialmente y a la Comisión Nacional del Agua, porque no hay reconocimiento del daño que se ha causado”.
“Nuestra expectativa es que la información que presente el gobierno mexicano a la CCA nos permita ir sustentando responsabilidades en los daños que se tienen identificados, para impulsar la restauración reparación o compensación”, explica Hernández.
Esta petición aceptada es histórica y puede ser trascendente, agrega, pues la mayoría son rechazadas. Si se acepta ésta puede ser usada por otras comunidades mexicanas que pidan compensaciones similares.
Una larga demanda
En el 2013, cuando iniciaba el sexenio de Enrique Peña Nieto, se sintieron en Nuevo León los primeros efectos de la explotación del gas shale. El estado no es zona sísmica, por lo que los habitantes del área metropolitana se alarmaron al sentir movimientos trepidatorios sin precedentes.
Nunca antes había temblado en Monterrey.
Las causas eran la explotación del gas shale que efectuaba Pemex en el corredor que hay entre monterrey y Reynosa, Tamaulipas, dentro de la zona denominada Cuenca de Burgos, uno de los yacimientos gasíferos más ricos que México comparte con Texas.
El energético se extrae del yacimiento no convencional mediante la inyección de grandes cantidades de agua, mezcladas con materiales tóxicos, explosivos y radiactivos que, al entrar en el subsuelo se esparcen sin control y contaminan los mantos acuíferos. El volumen del líquido inyectado por perforación es equivalente a unas 8 albercas olímpicas. El efecto rompe las piedras llamadas lutitas, de las que se libera el gas, lo que, colateralmente, provoca temblores.
Uno de los municipios más afectados fue Los Ramones, con unos 10 mil habitantes, distribuidos en 34 poblados y rancherías. A 7 kilómetros de ahí se encuentra el Pozo Tangram 1, que fue uno de los más activos cuando iniciaron las exploraciones.
En el 2014, funcionarios de Pemex se reunieron con los vecinos intranquilos para decirles que la explotación de gas subterráneo no era la causa de los daños a sus casas. El gobernador priista de entonces, Rodrigo Medina, eludió el tema de manera permanente, y no defendió los intereses de los afectados ante la empresa federal.
Desde entonces activistas han intentado hacer que el gobierno de la República se responsabilice por los daños que ocasionaron las actividades exploratorias en los pozos abiertos.
Hernández Ramírez, quien integra la Alianza Mexicana contra el Fracking, se reunió con vecinos de Los Ramones y los asesoró, junto con abogados, para presentar, el 3 de octubre del 2018 una queja, en la que señala:
“El gobierno mexicano está omitiendo la legislación efectiva en lo concerniente de la restauración de sitio y abandono posteriores a las actividades de fracturación hidráulica llevadas a cabo en la comunidad Hacienda El Carrizo, de Los Ramones, Nuevo León”.