Demandan acotar deudas estatales

Claudia Guerrero Diputados y senadores de todos los partidos políticos pidieron a la Secretaría de Hacienda no inscribir en su registro las deudas de estados y municipios contratadas tres meses antes de entregar la administración. Los legisladores federales recordaron a la dependencia que, de hacerlo, estaría violando lo establecido en el artículo 117 de la Constitución, que impide la adquisición de nuevos créditos tres meses antes de que concluyan los periodos de Gobierno. La petición a la dependencia federal se realizó luego de analizar el caso del municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, donde se autorizó un crédito de más de mil millones de pesos, a pagar a 20 años, justo en el periodo de prohibición. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda a no inscribir las obligaciones contratadas por diversas entidades federativas y municipios, entre ellos el de Solidaridad, Quintana Roo, toda vez que se contraviene el último párrafo del artículo 17 constitucional, así como la legislación, señalaron. A través de un punto de acuerdo, los integrantes de la Comisión Permanente pidieron a la dependencia observar lo que establece la Constitución en materia de disciplina financiera. El exhorto fue aprobado a propuesta de diputados del PRD, quienes alertaron sobre la contratación de la deuda millonaria por Solidaridad, que era gobernado por quien fue candidato del PRI al Gobierno del estado, Mauricio Góngora. Según legisladores, el déficit de ese municipio no es producto de una insuficiencia de liquidez de carácter temporal, sino de un diseño para gastar no sólo el presupuesto que le correspondía si no comprometer el gasto público de los próximos 20 años. Explicaron que ante la imposibilidad legal de solicitar formalmente el financiamiento para cubrir el déficit, se contrataron créditos simples para destinarlos a inversión pública productiva en obras que aún están inconclusas. Posteriormente, dijeron, esos proyectos fueron refinanciados, lo que aumentó el monto originalmente contratado. Refirieron que el 9 de junio pasado, el ayuntamiento autorizó la contratación del crédito de más de mil millones de pesos, decisión que fue respaldada por el Congreso de Quintana Roo, según lo publicado el 23 de junio en el Periódico Oficial. Sin embargo, hasta el 6 de julio el Comité Financiero para la Evaluación de Crédito del municipio determinó adjudicar el financiamiento en un plazo máximo de 20 años para destinarlo a inversión pública productiva. En la fecha en la que el Comité de Financiamiento lo autorizó, el municipio estaba impedido constitucionalmente para contratarlo, señalaron.