Ciudad de México.- El gobierno mexicano demandó el miércoles a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses en un tribunal federal de Estados Unidos con el argumento de que sus prácticas comerciales negligentes e ilegales han provocado un gran derramamiento de sangre en México, en un proceso que podría durar años y a través del cual el país también espera una compensación económica millonaria por parte de las empresas.
La singular demanda fue presentada en un tribunal federal de Boston contra algunos de los mayores fabricantes de armas como Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt’s Manufacturing Company LLC, y Glock Inc. Otro acusado es Interstate Arms, un mayorista de la zona de Boston que vende armas de todos menos uno de los fabricantes a tiendas minoristas de Estados Unidos.
Las empresas no contestaron de inmediato a solicitudes de The Associated Press para comentar sobre la demanda.
El gobierno mexicano sostiene que las empresas saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan.
PROVIENEN DE EU
La demanda señala que su objetivo es “poner fin a los daños masivos que causan los acusados al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México”. Además, refiere que la amplia mayoría de las armas recogidas en escenas de crímenes en México provienen de Estados Unidos.
México calcula que el 70% de las armas traficadas al país provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2019, según estimaciones de la cancillería, al menos 17.000 homicidios estuvieron vinculados con esas armas.
UN DATO
Su objetivo es poner fin a los daños masivos que causan los acusados al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México.
Rechazan en comunicado
La Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó en un comunicado que la industria realice prácticas comerciales “negligentes”, como dice México. “Las acusaciones no tienen fundamento. El gobierno mexicano es responsable por el crimen rampante y la corrupción en sus fronteras”, señaló Lawrence G. Keane, vicepresidente y consejero legal de la NSSF, la asociación que representa a la industria de las armas en Estados Unidos.