Ciudad de México.
Apesar de la tensión financiera que viven los estados, sólo 6 entidades aprovechan la facultad de cobrar impuestos sobre las utilidades de personas físicas.
Si ejercieran esa facultad podrían aumentar sus impuestos de 2 a 13%, según las entidades donde se aplique.
De acuerdo con el artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se permite a los estados desde 2004 aplicar impuestos de entre 2 a 5% por la prestación de servicios profesionales, uso y enajenación de bienes inmuebles, así como por actividades empresariales.
Actualmente solo Chihuahua, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Guerrero contemplan en sus legislaciones el cobro de estos impuestos llamados cedulares, pero éste último estado lo condonó por todo 2020.
La recaudación por ese tipo de impuestos minimiza la caída en las trasferencias federales y mejora su independencia fiscal, por lo que su cobro debería ponerse en la agenda de los estados, consideró Cinthia Rocha Santos, directora de análisis de Aregional.
Para 2021 los estados recibirán 5.5 por ciento menos recursos que este año, por lo que se verán obligados hacer más eficiente la recaudación, contratar deuda o a aplicar nuevos impuestos.
POCO PROBABLES
Sin embargo, advirtió, por el costo político la aplicación de nuevos impuestos es poco probable.
Al rechazo de cobrar los impuestos cedulares, se suma la negativa de varios estados de cobrar el Impuesto Sobre la Tenencia de Vehículos, la desactualización de los padrones catastrales para el cobro del predial o la alta tramitología que hacen a las entidades más dependientes de la Federación, analizó.
César Martínez, integrante de la comisión técnica de contribuciones locales, del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), coincidió en que la principal limitante para el cobro de estos impuestos es la voluntad política, al atentar directamente contra los ingresos de las personas físicas.
Por el cobro de impuestos cedulares, los estados recaudan entre 2.2 y 13.6 de sus impuestos locales.