Declaran bienes el 97.4% de funcionarios públicos

La información será archivada para posibles futuras investigaciones de irregularidades

México, D.F.El 97.4 por ciento de los 204 mil 782 servidores públicos que estaban obligados a actualizar su declaración patrimonial durante mayo cumplieron con ese requisito, lo que representa el porcentaje más alto registrado en los últimos cinco años, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).Ese mismo porcentaje de servidores públicos, que en números absolutos suman 199 mil 462, también realizaron, por primera vez, una declaración de posible conflicto de intereses, la cual fue anexada a sus expedientes y se constituirá como un registro que, dado el caso, servirá para investigaciones futuras en las que se presuma la existencia de conductas irregulares por parte de los funcionarios.Los datos de la SFP establecen que en 2014 el porcentaje de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial fue de 97.1 por ciento; un año antes, en 2013, fue el 94.6 por ciento; en 2012, fue el 94.6 por ciento; en 2011, fue el 89.7 por ciento; en 2010, fue el 86.5 por ciento; y en 2009, lo hizo el 84.6 por ciento de los funcionarios.De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, están obligados a presentar su declaración patrimonial todos los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento hasta el Presidente de la República y lo tienen que hacer durante los primeros 60 días de haber iniciado su encargo o de haberlo concluido, así como actualizarla en el mes de mayo de cada año.Para este año, en el formato electrónico a través del cual se presentó la declaración patrimonial, se añadió el apartado de conflicto de intereses, con lo cual se consiguió que todos aquellos que hicieron la actualizaciones de sus bienes también cumplieran con la nueva disposición.A los servidores públicos que no cumplieron en tiempo y forma con la declaración patrimonial, que suman 5 mil 320, se les impondrán sanciones que van desde una amonestación privada hasta la inhabilitación, dependiendo de las circunstancias en las que se dio la omisión y la reincidencia de la conducta.