‘Deberán responder a la ONU por Tlatlaya’

México, D.F.Sobre la orden castrense de “’abatir’ a criminales durante la noche”, dada a conocer con motivo del caso Tlatlaya, el Gobierno mexicano debe responder a la Organización de Naciones Unidas (ONU), consideró Mario Patrón, director del Centro Prodh.El pasado jueves, exactamente a un año de que ocurrieran los hechos, la organización defensora de derechos humanos reveló un documento del Ejército en el que se indica que las tropas deben operar de noche masivamente “a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.El Gobierno respondió que según el diccionario “abatir” no significa “matar”, lo que Mario Patrón consideró una discusión estéril.“Reconocemos la disposición del Gobierno federal para debatir con nosotros esto en la opinión pública, pero nuestro llamado es que también le contesten a la ONU, porque es un organismo internacional que tiene la misma lectura que nosotros”, comentó en entrevista.En este sentido, recordó que el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, advirtió que enviar elementos a “abatir” es tanto como mandar soldados “a matar criminales”.“Ante el respaldo de un experto como Christof Heyns y una organización como las Naciones Unidas, nos parece que el Estado mexicano tendrá de nuevamente que dar cuentas ante mecanismos internacionales”.Con la nueva evidencia, el Centro Prodh inicio también procedimientos ante diferentes instancias para que se investigue a fondo lo ocurrido en Tlatlaya.“Pedimos a  la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) que se inicie una investigación donde comparezcan los elementos castrenses involucrados por cadena de mando con la emisión de esa orden de operación y relevo de mando”, reveló Patrón.De igual manera, solicitaron al Ombudsman nacional medidas cautelares para que la CNDH pueda pedir al Gobierno federal, a la Sedena y a la Secretaría de Gobernación, que en caso de existir otras órdenes similares en otras partes del país las deje sin efecto.“También hemos enviado nuestro informe a la Corte Penal Internacional, porque consideramos que deberían evaluar la información para determinar si da lugar a instruir una investigación en México sobre el caso”, agregó.