El clamor retumbó hasta el gobierno federal: se exige justicia para José Eduardo Ravelo Echeverría, el joven veracruzano que murió el martes 3 después de ser presuntamente violado y torturado por policías yucatecos.
Si bien las autoridades dijeron que su caso no quedará impune, ninguna posición asumieron sobre una cauda de denuncias por personas que han perdido la vida bajo custodia policial en Yucatán, y que de 2018 a 2020 asciende a 22 casos. Además, entre 2020 y junio de 2021 se abrieron 315 actas de investigación por tortura, sin que a la fecha se haya judicializado alguna.
“Desde hace muchos años insistimos en la profundidad de la crisis de derechos humanos que padecemos en Yucatán, porque son muy reiteradas las denuncias, no sólo de tortura. Lamentablemente es un horror la cantidad de personas que tenemos fallecidas bajo custodia policial”, denuncia la activista Martha Capetillo Pasos, integrante del Equipo Indignación, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos.
Sólo en 2020 se documentaron mediáticamente por lo menos cinco casos de tortura y arrestos arbitrarios que terminaron en la muerte del detenido.
En febrero de 2020 Gaspar Avelino Sulub Cimé fue detenido cuando se trasladaba en un taxi con su familia. Horas después se les informó de su deceso “por broncoaspiración”. Una necropsia particular determinó que fue torturado y falleció ahogado en su propia sangre.
Sulub fue arrestado tras participar en una protesta en el palacio municipal de Progreso. Luego de su muerte, la policía detuvo sin motivo a su hija Daphne, quien denunció ante el Ministerio Público que su padre había sido asesinado por policías. La joven fue liberada por la presión mediática que ejercieron familiares.
En abril de ese año Ronald Richmond Díaz fue encontrado colgado en un árbol. El informe oficial determinó que se trató de un suicidio, pero su esposa divulgó sus sospechas de que lo mataron policías con los que tuvo un conflicto y simularon su suicidio para ocultar el crimen. Un dictamen forense particular arrojó que el cuerpo tenía huellas de tortura.
En octubre de 2020 José Santiago Medina Naal, La Cuca, paciente psiquiátrico, fue detenido en su casa por policías estatales; días después su cuerpo fue hallado en una charca a la vera de la carretera Hunucmá-Sisal. Murió por asfixia mecánica (ahorcamiento), según el dictamen pericial.
Un mes después Osmar López Manzanilla murió tras ser detenido por policías estatales, presuntamente estaba en posesión de droga. La captura ocurrió sobre la carretera Chichulub-Uaymitún. La necropsia determinó que fue torturado, presentaba golpes en la cara y fractura de nariz. Murió estrangulado.
Por ese caso, cuatro agentes quedaron vinculados a proceso, lo cual se logró después de que su padre ejerció presión mediática porque los agentes primeramente fueron liberados.