Ciudad de México.
El sector privado consideró que la decisión del gobierno federal de frenar la construcción de la planta cervecera de Constellations Brand, mediante una consulta, muestra que la Cuarta Transformación no respeta la ley, sino que obedece a intereses políticos y populistas.
Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, dijeron que esta decisión genera más incertidumbre y aleja inversiones futuras, nacionales y extranjeras, lo que preocupa sobre todo en este entorno de desaceleración económica interna y mundial.
Gustavo De Hoyos dijo que “la señal que esta administración envía con esta consulta es muy grave. A los posibles inversionistas muestra un marco normativo débil, manipulado por intereses políticos y populistas”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no descarta reunirse con los dueños de la empresa para ayudarles a poner esta planta en otro sitio “donde haya agua”.
La iniciativa privada en Mexicali rechazó los resultados de la consulta ciudadana, en la que la mayoría de los votantes optó por la no instalación de la planta.
PÉSIMA SEÑAL
La decisión del gobierno federal de negar los permisos subsecuentes de Conagua a la empresa Constellations Brand muestra que el gobierno federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar.
En un comunicado, advirtió que las consecuencias de realizar una consulta pública que violenta el estado de derecho, no se verán solamente en Mexicali, sino en el país entero, porque “la señal que manda México al mundo es que aquí no se respeta la ley, y que no existe garantía alguna para quienes busquen invertir, generar empleo y desarrollo en el país”.
Explicó que la decisión gubernamental contra la cervecera “es arbitraria, autoritaria y unilateral”, además de violentar la legalidad y el estado de derecho, pero lo peor es que el daño que genera al futuro económico del país es “incalculable”.