El Instituto Nacional de Migración (Inami) adjudicó de manera directa dos contratos, así como un convenio modificatorio a la empresa Constructora Mayrán de San Pedro, SA de CV, por un monto de 632 millones 279 mil pesos para mantenimiento, remodelación y limpieza de sus estaciones migratorias, representaciones estatales o regionales, oficinas del Grupo Beta y estancias provisionales para recibir el creciente flujo de migrantes que atraviesan México.
Los contratos entregados por Migración a la empresa asentada en Torreón, Coahuila, cuyas obras han sido objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fueron avalados por el director general de Coordinación de Oficinas de Representación del Inami, Héctor Leoncio Martínez Castuera, cargo que equivale a coordinador de delegaciones migratorias en todo el país.
Martínez Castuera es el mismo funcionario que enfrenta una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por presunto nepotismo, debido a que su hermano Sergio Alberto Martínez Castuera y su sobrina Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo, también trabajan en el gobierno de López Obrador.
Los vínculos documentados por Proceso desde septiembre pasado (edición 2342) señalan que el general Salvador Martínez Castuera influyó para que el comisionado nacional del Inami, Francisco Garduño Yáñez, le diera trabajo a su hermano Héctor Leoncio y a su hija Ariadna Irais, por lo que ambos ocupan cargos relevantes en Migración.
De acuerdo con la denuncia administrativa, Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo se desempeña como subdirectora de Migración para Asuntos de Centroamérica y el Caribe de la Dirección General de Protección al Migrante del propio Inami.
El vínculo del comisionado Francisco Garduño con el general Martínez Castuera se inició cuando el propio Garduño fue nombrado comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y se mantuvo de manera indirecta cuando López Obrador lo designó titular de Migración.
Durante su desempeño como comisionado de Prevención y Readaptación Social, Garduño Yáñez designó al general Sergio Alberto Martínez coordinador de Centros Penales Federales, cargo que conserva hasta hoy, pese a que está imputado por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades en la causa penal que busca sancionar presuntas anomalías en los contratos entregados a la iniciativa privada para la construcción y operación de ocho prisiones federales.
ENCARGADO DE SUPERVISAR
Como titular de las oficinas migratorias en todo el país, Héctor Martínez Castuera también ha sido el funcionario del Inami que se ha encargado de supervisar, controlar y disolver las caravanas de migrantes que han ingresado al país en el segundo semestre de 2021.
Además, el 25 de noviembre último fue grabado en Tapachula, Chiapas, solicitando a la Guardia Nacional que alejara a los medios de comunicación de un centro de atención a migrantes, para evitar que pudieran ser entrevistados sobre la actuación de las autoridades mexicanas.
| Protesta en el Instituto Nacional de Migración.
Los contratos
- El 12 de febrero de 2020 se firmó el primer contrato del Inami con la Constructora Mayrán de San Pedro, por un monto máximo de 427 millones de pesos y bajo el concepto de “Prestación de Servicios Integrales para las estaciones migratorias y estancias provisionales que se encuentran en las oficinas de representación del Inami”.
- Dicho contrato, del que Proceso tiene copia, fue otorgado por adjudicación directa, argumentando un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Las obras de mantenimiento y remodelación implican 74 instalaciones del Inami en las 32 entidades federativas y abarcan conceptos tan diferentes como instalaciones eléctricas, cambio y renivelación de pisos, bardas, instalaciones hidráulicas, herrería, acabados, cambio de aire acondicionado, puertas especiales, obras de carpintería, cambio y reparación de cerraduras y elaboración de puertas especiales bajo medida.
- Derivado de ese primer contrato el Inami firmó un convenio modificatorio, el 12 de mayo de 2020, para agregar obras y servicios a tres instalaciones ubicadas en Tamaulipas, lo que representó un desembolso adicional de 85 millones 400 mil pesos para el organismo encargado de los controles migratorios de nuestro país.