La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el pasado domingo 9 que un juez federal libró siete órdenes de aprehensión contra exservidores públicos vinculados con el operativo Rápido y Furioso, que introdujo a México más de 2 mil armas de fuego provenientes de Estados Unidos, incluyendo fusiles Barrett calibre .50 milímetros –de uso militar–, con el argumento de que servirían para indagar el tráfico ilegal de armamento entre ambos países.
Sin embargo, la FGR mantiene en su nómina a un funcionario que entre 2006 y 2009 formó parte del fallido entramado para rastrear las armas vendidas a grupos delictivos mexicanos. Se trata de José Ricardo Cabrera Gutiérrez, quien actualmente se desempeña como fiscal asistente de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales (SEDF).
Los mandamientos judiciales recién librados no impidieron al funcionario trabajar con normalidad esta semana, además de que podría ser juez y parte en una indagatoria en la que está involucrado.
Cabrera Gutiérrez está bajo el mando directo del titular de la SEDF, Juan Ramos López, señalado como principal operador del fiscal general Alejandro Gertz Manero, tanto en casos penales relevantes como en sus asuntos personales, por lo que su nombre aparece lo mismo en el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla y la Fundación Mary Street Jenkins que en la acusación penal contra Alejandra Cuevas Morán, hija de su excuñada Laura Morán Servín, ambas acusadas por el delito de homicidio por omisión de cuidados en agravio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal.
De acuerdo con el sistema Declaranet de la Secretaría de la Función Pública, Cabrera Gutiérrez ingresó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el 1 de enero de 2006 como coordinador general de Investigación en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA).
Un año después, el 1 de enero de 2007, el entonces procurador general Eduardo Medina Mora Icaza lo convirtió en titular de la UEITA, cargo que ocupó hasta abril de 2009, cuando fue removido del cargo por la entonces titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez.
Sin embargo nunca dejó la PGR y en agosto de 2009 Medina Mora lo nombró titular de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución de Personas Dedicadas a los Delitos contra los Derechos de Autor adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales. En otras palabras, pasó de ser el titular de la Unidad Antiterrorismo en la SIEDO a ser fiscal antipiratería, enroque que le sirvió para mantenerse activo dentro de la PGR.
Un documento público emitido por la PGR en 2008 señala que tanto Medina Mora como Cabrera Gutiérrez estaban al tanto de que México y Estados Unidos estaban realizando “operaciones encubiertas” para investigar el tráfico de armas entre ambas naciones y que el tema se discutió en un encuentro entre procuradores generales de justicia de los estados mexicanos fronterizos con fiscales de Estados Unidos de la Costa Oeste.
LA DENUNCIA DE MÉXICO DESARMA
En una denuncia presentada por la organización México Desarma en septiembre de 2014, se advierte que los funcionarios involucrados en Rápido y Furioso deben ser investigados por su probable responsabilidad en el delito de tráfico de armas, conforme a lo que marca la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El artículo 84 de esa norma señala que los servidores públicos que no hayan frenado la introducción de armas de fuego a nuestro país, así como su posterior entrega a integrantes de grupos delictivos, ya sea por acción u omisión, podrían enfrentar sanciones que van de los cinco a los 30 años de prisión.
Ante el nulo avance de las investigaciones que se dio entre 2014 y el año pasado, México Desarma presentó un nuevo escrito el 10 de junio de 2020, solicitando a la FGR que se reactivaran las investigaciones contra todos los presuntos involucrados en el caso Rápido y Furioso.
En su escrito, la organización aportó diversos medios de prueba, como documentos desclasificados de las investigaciones realizadas por el Congreso de Estados Unidos que no habían sido incorporados a la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEITA/059/2011, solicitando su traducción con peritos especializados en inglés.
SOLICITA RETIRAR INDAGATORIA
Además, también se solicita a la FGR retirar la indagatoria de la SEIDO, actualmente Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, por considerar un conflicto de interés, puesto que los documentos públicos sobre el tema apuntan a que los mandos de la antigua subprocuraduría podrían haber estado al tanto de las operaciones.
Pruebas en su contra
- El escrito de México Desarma también solicita realizar diversos actos de investigación, como el llamado a declarar de los tres titulares que tuvo la PGR durante el gobierno de Felipe Calderón, sexenio que coincide con la introducción y venta de armas ilegales a nuestro país con el conocimiento de las autoridades mexicanas
- En el documento se señala que deben ser citados a declarar el exministro de la Suprema Corte y extitular de la PGR, Eduardo Medina Mora, quien estuvo en el cargo entre el 7 de diciembre de 2006 y el 7 de septiembre de 2009; Arturo Chávez Chávez, exprocurador general de la República entre el 24 de septiembre de 2009 y el 31 de marzo de 2011; y Marisela Morales Ibáñez, quien estuvo al frente de la PGR entre el 7 de abril de 2011 y el 30 de noviembre de 2012
- El abogado Javier Schütte Ricaud explica que si bien México Desarma no señala directamente a los imputados, por ser un ámbito de competencia de la Fiscalía, sí propuso citar a comparecer a todos los funcionarios mexicanos que, de acuerdo con documentos públicos del Congreso de Estados Unidos, pudieron estar al tanto de la operación, debido a sus atribuciones
- Por lo anterior, en su escrito entregado a la FGR en calidad de víctimas, un papel que no es definitivo y que no necesariamente les da derecho a participar en el proceso penal ahora que la averiguación previa ya fue judicializada ante un juez de Distrito, también solicitó la comparecencia de los extitulares que tuvo la SIEDO entre 2006 y 2012 y de los exfiscales de la UEITA, como es el caso de José Ricardo Cabrera Gutiérrez
- Fuentes cercanas al caso señalaron que estas diligencias se han ido desahogando, por lo que ya han declarado varios extitulares de la SIEDO y exmandos de la Policía Federal, como Facundo Rosas Rosas.
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General.