Madrid
La Audiencia Nacional de España rechazó que el empresario mexicano Alonso Ancira pueda ser considerado un perseguido político, ya que los hechos que se le imputan se relacionan con delitos comunes de clara corrupción.
El Tribunal español también descartó la prescripción de los presuntos ilícitos alegada por la defensa de Ancira al considerar que tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como un juzgado mexicano, han entendido que los hechos no han prescrito, y por tanto no se debe hurtar el rol de decidirlo a la justicia mexicana, según resalta el auto de la Audiencia Nacional al que tuvo acceso El Universal.
Además, el Pleno de la Sala de lo Penal desestimó el recurso de súplica presentado por el expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA) contra el auto que acordaba su extradición a México por varios delitos de corrupción, y confirmó su entrega a las autoridades mexicanas al considerar que los hechos por los que se le persigue también son delito en España y concurre por ello el principio de doble incriminación.
La defensa de Ancira buscará apelar la decisión de la Audiencia Nacional, aunque la resolución judicial ha sido adoptada por unanimidad de los 20 Magistrados que integran el Pleno, por lo que en principio ya no cabe recurso alguno contra la misma.
La entrega del empresario a las autoridades mexicanas tendrá que ser aprobada próximamente por el Consejo de Ministros del Gobierno español, que es el que tiene la última palabra sobre la extradición a México del dueño de AHMSA.
El auto de la Audiencia Nacional, fechado el pasado 11 de noviembre y divulgado este viernes, destaca que los hechos investigados con relación a Ancira encajarían en el Código Penal español con los delitos de cohecho, blanqueo de capitales fraude o incluso malversación de caudales públicos por lo que, según el tribunal, “se refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación”.
El auto argumenta que Ancira cooperó en el blanqueo de capitales del exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, al ejecutar un concierto delictivo previo.
“Pagando por adelantado (dádiva, mediante las correspondientes transferencias desde AHMSA a TOCHOS, de claro origen delictivo, pues el cohecho lo es) la contraprestación por la que espera y consigue que el señor Lozoya , cuando ya sea director General de la empresa estatal PEMEX la contrapreste, mediante la adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además los intereses públicos”, indican los jueces españoles.