Casi tres años después, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro siguen acumulando pérdidas millonarias y la sombra el escándalo de sobornos para lograr que la ciudad brasileña acogiese el evento permanece demasiado presente. La Operación Unfair Play (Juego Sucio), que investiga indicios de corrupción en la candidatura brasileña para ser sede olímpica, así lo atestigua: el exgobernador de Río Sérgio Cabral, condenado a 198 años de cárcel en nueve procesos penales, admitió a primeros de junio por primera vez que participó en una trama de compra de votos para que la urbe más icónica de Brasil pudiese albergar las Olimpiadas. “Pagamos para tener la garantía de los votos”, reveló Cabral.
La cadena de sobornos, según el testimonio de Cabral, benefició a al menos dos campeones olímpicos: al ucraniano Serguéi Bubka (salto de pértiga) y al ruso Alexander Popov (natación). Ambos deportistas, convertidos en miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) tras su retirada, desmintieron las acusaciones. “Rechazo completamente las falsas acusaciones del exgobernador del Estado de Río de Janeiro, que actualmente cumple una larga condena de prisión por corrupción”, escribió el ucraniano en sus redes sociales. Popov afirma, por su parte, que no votó a Río en la asamblea de 2009: “Alguien miente. Y eso es gravísimo”.
La Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional suspendió al velocista namibio Frank Fredericks en 2017 con el pretexto de “proteger la reputación del movimiento olímpico”. Se sospecha que el suyo fue uno de los votos comprados. Las autoridades rastrearon el pago de casi 300.000 dólares realizado a una cuenta vinculada a Fredericks en un paraíso fiscal el mismo día que Río fue elegida sede olímpica. El COI informó de que está recabando más datos sobre la denuncia, pero no comunicó si la Comisión de Ética, al igual que hizo en el caso Fredericks, pretende abrir un procedimiento disciplinario para investigar posibles irregularidades de Bubka y Popov.
Según las investigaciones del Ministerio Público Federal brasileño, respaldadas por el testimonio del exgobernador, el enlace entre los políticos y los miembros del COI sobornados fue Carlos Arthur Nuzman, presidente del Comité Olímpico Brasileño durante 22 años y dirigió el Comité Organizador de Río 2016. Nuzman, jugador retirado de voleibol, ha sido acusado de corrupción pasiva, organización criminal, blanqueo de dinero y evasión de capitales; se encuentra en libertad a la espera de juicio, pero tiene prohibido salir del país.
A Nuzman se le acusa de intermediar en el acuerdo del pago del soborno con el senegalés Lamine Diack, que entonces presidía la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y, supuestamente, pidió dos millones de dólares para asegurar nueve votos para la candidatura de Río de Janeiro en su disputa con Madrid, Chicago y Tokio. Según el exgobernador Cabral, en agosto de 2009, Nuzman le informó de que Diack era un directivo “abierto a ventajas ilícitas”. Mediante el trato, el senegalés presuntamente sobornó a miembros africanos del COI y otros relacionados con el atletismo. A partir de ahí entraría en escena el presunto operador financiero del entramado, el empresario Arthur César de Menezes Soares Filho, conocido como Rei Arthur, quien se encuentra fugitivo de la Justicia.
Financiación con fondos públicos
La trama, aunque de forma indirecta, se nutría de fondos públicos. La operación se hacía a través de las empresas de Soares Filho, quien, compinchado con Cabral, manipulaba licitaciones para firmar contratos multimillonarios con el Estado de Río que beneficiaran sus negocios y de ahí sacar el dinero del soborno a Diack. “Se trata de una organización criminal extremadamente compleja”, afirma la fiscal federal brasileña Fabiana Schneider, miembro del equipo que denunció el caso. “Cada paso estuvo cuidadosamente calculado para que los Juegos Olímpicos acabasen en Brasil”.
El 29 de septiembre de 2009, una cuenta internacional de la empresa de Rei Arthur transfirió el dinero a Diack. Tres días después, Cabral celebraba la elección de Río como sede de los Juegos en la asamblea del COI celebrada en Copenhague. El exgobernador cambió de discurso tan pronto como la operación divulgó su participación en la compra de votos, en 2017. En su momento, negó la trama, argumentando que la diferencia de votos entre Rio (66) y Madrid (32), la otra ciudad finalista, fue tanta que la acusación de soborno sería una “historia fantasiosa”. No obstante, si no fuese por los nueve votos comprados a través de Diack, la Cidade Maravilhosa, que sumó 26 en la primera ronda de la votación, podría haber caído eliminada a manos de Chicago, que solo obtuvo 18 votos. Al pasar esa primera fase —la que más les preocupaba a los organizadores de la candidatura brasileña—, Río dejó fuera de la carrera a Tokio y, en última instancia, a Madrid.