CIUDAD DE MÉXICO
El Comité Promotor de la Consulta Popular para esclarecer hechos del pasado acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de obstaculizar este ejercicio de participación ciudadana, al tiempo que llamó a colectivos de víctimas y a partidos políticos a impulsar la creación de un “Tribunal de los Pueblos” con “figuras de reconocido carácter ético” para juzgar a los expresidentes de México y otras autoridades del país que hayan cometido violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la economía popular.
Promotores de la consulta, la activista Adriana Bahena y el sobreviviente de Ayotzinapa, Omar García, explicaron que la creación de un “Tribunal de los Pueblos” para México cuenta con antecedentes internacionales que han permitido a otros países avanzar hacia la justicia ordinaria, ya que se trata de un mecanismo de derecho internacional que permite juzgar violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la economía popular, crímenes contra el medio ambiente, violaciones al derecho a la información y el saqueo generalizado del país.
En conferencia de prensa para presentar un balance de la Consulta Popular que ellos identifican como “Juicio para los Expresidentes”, los promotores del ejercicio ciudadano minimizaron la escasa participación ciudadana, de apenas un 7% de la población que se encuentra inscrita en la lista nominal de electores, y calificaron la consulta como “una victoria democrática de la población”.
Además, Bahena y García destacaron que la primera consulta que se realiza en el marco de la Ley Federal Consulta Popular representa un parteaguas para la democracia mexicana, un precedente para el quehacer político y un contrapeso a los poderes de la Federación y a la actuación de los poderes fácticos “que inciden en la toma de decisiones de nuestro país”.
No obstante, Adriana Bahena y Omar García acusaron al INE de interponer “numerosos obstáculos y dificultades” para la realización de la Consulta Popular, además de acusar a la derecha mexicana, mediante sus diferentes actores e instituciones, de intentar deslegitimar la lucha por la justicia de las víctimas y de tratar de desinformar a la población “ridiculizando nuestro esfuerzo”.
El que fuera estudiante de la escuela Normal de Ayotzinapa y sobreviviente del ataque que dejó un saldo de 43 jóvenes desaparecidos y seis personas muertas, Omar García dijo que los consejeros del INE actuaron de forma deficiente para promover y organizar la consulta, ya que en lugar de encargarse de la logística para facilitar el voto de las personas diseñaron “mecanismos” para entorpecer el voto.
Entre dichos obstáculos, destacaron el cambio sin previo aviso de las ubicaciones tradicionales de casillas, el veto al voto migrante, la decisión de no colocar casillas especiales para personas que estaban de viaje, la discriminación y exclusión de las personas que carecían de internet para ubicar su mesa receptora, ya que el portal sobre la ubicación de las casillas fallaba de forma constante.
Agregó que uno de los mayores obstáculos para este ejercicio ciudadano fueron los obstáculos que se pusieron a observadores ciudadanos, mientras se autorizó de manera expresa a los observadores de Coparmex.
La propuesta, basada en los derechos de las víctimas
No obstante, advirtieron que tras la votación obtenida este 1 de agosto, es “hora de dar el paso siguiente” e ir más allá de la creación de Comisiones de la Verdad como lo han demandado los grupos y colectivos de víctimas en nuestro país. Por lo anterior, se propuso la creación de un “Tribunal de los Pueblos” para seguir avanzando hacia una justicia transicional.
El Comité Promotor de la Consulta Popular explicó que este mecanismo ya fue utilizado con anterioridad para evaluar la actuación de los gobiernos de Estados Unidos, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia” por la comisión de crímenes de guerra contra la población de Vietnam y también para juzgar a la dictadura chilena.
Omar García explicó que la invitación a crear un “Tribunal de los Pueblos” está abierta a todos los partidos políticos del país, así como a todos los colectivos de víctimas, desde los que se integraron a partir de la llamada “Guerra Sucia” por la desaparición de opositores de izquierda al régimen priista, hasta los que han surgido por casos más recientes como el caso de la Guardería ABC y el propio caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En la propuesta se señala que el “Tribunal de los Pueblos” sería independiente del poder político y no sustituye a ninguna institución de procuración de justicia del país como la Fiscalía General de la República (FGR), ya que su papel sería el de acercar los casos de violaciones graves a los mecanismos de la justicia ordinaria.